El Gobierno nacional ratificó que no autorizará nuevo endeudamiento para la provincia de Buenos Aires, en un conflicto que enfrenta a Javier Milei con Axel Kicillof, mientras el Ministerio de Economía sostiene que la administración bonaerense incumple parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que “no hay cambios” respecto de la decisión oficial: sólo se permitirá el roll over de vencimientos y no la toma de deuda adicional. El ministro Luis Caputo había expuesto los fundamentos técnicos y legales que, según la Nación, justifican la negativa.
La provincia reclama autorización para endeudarse por US$3.000 millones, de los cuales US$2.500 millones se destinarían a refinanciar obligaciones en moneda extranjera. El resto, unos US$500 millones, sería para proyectos de infraestructura vial y energética.
Economía considera que parte de esos fondos terminaría cubriendo gastos operativos, como salarios del directorio ampliado del Banco Provincia y transferencias a municipios con déficit, lo que vulneraría el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Los argumentos legales y la defensa de la provincia
Desde la Nación remarcan que Buenos Aires habría incrementado su gasto corriente por encima de los límites reales permitidos, lo que implica, según el Gobierno, que una porción del endeudamiento estaría siendo utilizada de forma indirecta para financiar erogaciones prohibidas por la normativa vigente.
La Provincia rechaza esa interpretación y sostiene que cumple con los límites de la Ley 25.917. A modo de respaldo, señala que el servicio de deuda —capital e intereses— como proporción de los recursos corrientes se ubica muy por debajo del tope del 15% establecido por la norma.
El conflicto se da en paralelo al debate sobre la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, surgida del Consejo de Mayo. Y que endurece las reglas para evitar déficit y restringe la capacidad de gasto de provincias y municipios. La iniciativa fija mecanismos de ajuste, obliga a un resultado financiero equilibrado. A su vez, establece sanciones penales para funcionarios que violen las reglas fiscales o autoricen emisión irregular.
A medida que se consolida la posición del Gobierno nacional, la tensión política entre Milei y Kicillof vuelve a escalar. Y deja en el centro la capacidad financiera de la provincia y el alcance real de la disciplina fiscal que busca imponer la Casa Rosada.
