La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el operativo para devolverle al Estado más de USD 61 millones en dinero y bienes que pertenecen a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez, en el marco de la causa conocida como “la Ruta del Dinero K”.
El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, envió un oficio al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), Néstor Costabel, en el que detalló que se dispone el decomiso definitivo de los fondos obtenidos en subastas realizadas por el incidente N° 3017/2013/TO2/14 y de bienes inmuebles registrados a nombre de los Báez.
Asimismo, Romero indicó que se procedió a su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema, conforme a lo previsto en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Transferencia de fondos y registro de bienes
El oficio de la Corte establece que, como primera medida, se realice la transferencia de las sumas decomisadas a cuentas pertenecientes a la Corte, una en pesos y otra en dólares. Además, solicitó los documentos de los procesos de subasta realizados en el incidente N° 3017/2013/TO2/14.
Según la sentencia dictada en abril de 2021, los decomisos incluían: USD 54.872.866,69, USD 5.000.000, USD 307.994,17 y USD 950.000, sumando un total de USD 61.130.860,86. En moneda nacional, se decomisaron $4.174.697, ajustables según el índice de precios al consumidor del INDEC.
El TOF4 había dictaminado que se mantendrían los embargos y medidas cautelares sobre todos los bienes hasta la ejecución completa de los decomisos.
Decretos y desafíos del Ejecutivo
En 2025, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 575/2025, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, para supervisar y administrar los bienes decomisados. Sin embargo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda, argumentando que la medida afectaba la independencia judicial.
El juez federal Pablo Cayssials dictó en octubre una medida cautelar que impidió al Gobierno avanzar con la aplicación del decreto, señalando que alteraba “de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y excedía los límites de los decretos de necesidad y urgencia.
Con este fallo, la Corte pudo avanzar en anotar los bienes a su nombre y disponer el depósito de los fondos en cuentas a su nombre, asegurando la ejecución efectiva de los decomisos.
Historial de las condenas y decomisos
El TOF4 había dictado las condenas y decomisos en abril de 2021, ratificados por la Cámara Federal de Casación en febrero de 2023. Posteriormente, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos presentados y dejó firme tanto las condenas como los decomisos.
Ahora, con la ejecución en marcha, los bienes y fondos decomisados de los Báez pasarán a formar parte del patrimonio del Estado.
