El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de medidas de prueba en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar, presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. La resolución apunta contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como testaferros en maniobras de presunto lavado de dinero. También fue incluido el empresario Lucas Labbad y la firma Real Central SRL.
Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de los investigados y de la empresa involucrada. El objetivo es obtener toda la información fiscal y patrimonial relacionada con la compra del predio. Real Central SRL, según la denuncia de la Coalición Cívica, habría adquirido una megaestancia de diez hectáreas en Pilar sin capacidad económica para justificar semejante operación.
La causa nació a partir de una denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Los dirigentes señalaron que Pantano y Conte no podrían sostener un patrimonio de este nivel. En la presentación se destaca que Conte era monotributista social y jubilada, mientras que Pantano pertenecía a la categoría G, con un tope anual muy inferior al valor de la propiedad. La sospecha central es que habrían actuado como fachada de un tercero que sería el verdadero dueño del inmueble.
Una quinta millonaria bajo la lupa
La propiedad investigada sería una mansión con características excepcionales. La denuncia menciona autos de colección, instalaciones deportivas, helipuerto, pista equina y un haras de caballos árabes. Según las versiones citadas en el expediente, el predio podría estar ligado a Tapia o a su entorno, aunque la presentación judicial evita imputarlo de manera directa y solo señala la necesidad de investigar la trazabilidad económica de la operación.
Peritajes y medidas económicas de alto alcance
Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble. Para eso convocó a un perito tasador de la Corte Suprema y a otro del Colegio de Martilleros de San Isidro. Además, el fiscal Ramiro González impulsó un paquete de medidas económicas de amplio alcance, entre ellas el levantamiento de secretos fiscal, bancario y bursátil, así como informes a la AFIP, al Banco Central, a la IGJ, a la UIF y a diversos registros de bienes.
La causa podría cambiar de jurisdicción
El magistrado también dispuso elevar el expediente a la Cámara Federal el próximo martes. El objetivo es que el tribunal determine si la investigación debe continuar en la justicia federal o pasar al fuero penal económico. Mientras tanto, Rafecas resolvió avanzar con todas las medidas solicitadas, al considerar que existe una hipótesis delictiva que requiere esclarecimiento inmediato.
