El Gobierno designó a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), tras el nombramiento de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de la salida de Juan Pazo. La decisión forma parte de los cambios en la conducción del organismo tributario y se inscribe en el recambio de autoridades dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La designación de Mengochea rige a partir del 18 de diciembre y fue formalizada este miércoles mediante el Decreto 891/2025, publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Gobierno completó la reestructuración de cargos en el área impositiva tras la asunción de Vázquez como Director Ejecutivo de ARCA.
Quién es Mariano Mengochea
El nuevo titular de la DGI es contador y mantiene una relación laboral cercana con Vázquez, con quien trabaja desde hace años en distintas dependencias tributarias. Entre sus antecedentes, se destaca su desempeño en la Regional Sur de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el período del kirchnerismo.
Hasta su reciente designación en ARCA, Mengochea se desempeñaba como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. Había sido nombrado en ese cargo en octubre de 2024 por el propio Vázquez, cuando este último se encontraba al frente de la Dirección General Impositiva.
En el ejercicio de esa función, el funcionario asistía al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores. También tenía a su cargo la supervisión de las tareas desarrolladas por las distintas dependencias del organismo dentro de la jurisdicción asignada, en relación con impuestos interiores, recursos de la seguridad social y otros ingresos.
De acusado al ARCA
Por su trabajo como Regional Sur de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la época kirchnerista, Mengochea y otros funcionarios fueron señalados en investigaciones judiciales conocidas como «Vialidad» y «La ruta del dinero K». En esos expedientes se cuestionaron los controles realizados sobre los movimientos económicos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes. Sin embargo, no fueron llevados a juicio.
