El diputado nacional Maximiliano Ferraro encendió una fuerte alarma institucional al cuestionar el manejo del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno y advirtió sobre el riesgo de una degradación republicana, al denunciar la derogación de leyes sensibles mediante una norma presupuestaria.
Durante una entrevista en el programa Ahora Dicen, por Futurock, el dirigente de la Coalición Cívica sostuvo que se está avanzando sobre un terreno ilegal que viola la Ley de Administración Financiera, y alertó sobre sectores políticos que “miran para otro lado” frente a lo que calificó como un grave antecedente institucional.
Cuestionamientos al uso del Presupuesto y advertencia legal
En su análisis, Ferraro apuntó directamente contra la inclusión de disposiciones que derogan leyes vigentes dentro del Presupuesto, algo que —según explicó— está expresamente prohibido por la normativa vigente.
“La ley de administración financiera es clara: el Presupuesto debe contener normas que se relacionen directa y exclusivamente con su ejecución y evaluación. Y no puede derogar leyes ni establecer disposiciones permanentes”, remarcó el legislador.
En ese sentido, sostuvo que la derogación de la ley de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad constituye una provocación política. Y también un “mamarracho jurídico” que vulnera principios básicos del sistema republicano.
Críticas políticas y advertencia institucional
Más allá del aspecto técnico, Maximiliano Ferraro apuntó contra la actitud de sectores que se presentan como defensores de la institucionalidad, pero que —según dijo— eligen el silencio cuando el Ejecutivo avanza sobre límites legales.
“Ojalá no estemos entrando en una nueva temporada de arrastrados o republicanos intermitentes”, lanzó, en referencia a dirigentes que relativizan estas decisiones por conveniencia política.
El diputado subrayó que el Presupuesto es una ley temporal, circunscripta al ejercicio económico-financiero. Y advirtió que su utilización para modificar el marco legal vigente sienta un precedente peligroso para el funcionamiento del Estado y la división de poderes.
Finalmente, alertó que este tipo de prácticas erosiona la seguridad jurídica y debilita el control democrático. Y en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y distintos sectores del Congreso.
