El Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate la reforma laboral y, pese a la resistencia sindical, el oficialismo logró afianzarse en la discusión dentro del Consejo de Mayo, donde empresarios y funcionarios respaldaron los lineamientos del proyecto. En las últimas horas circuló un borrador actualizado que sintetiza los cambios centrales que La Libertad Avanza buscará aprobar en sesiones extraordinarias.
El texto profundiza los mecanismos para modernizar la relación laboral, reducir litigiosidad y brindar previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. La letra chica también incorpora regulaciones para nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales, un universo que creció sin marcos claros durante los gobiernos anteriores.
Vacaciones: flexibilización con pisos mínimos garantizados
El borrador ratifica el derecho constitucional a vacaciones pagas, pero introduce un elemento novedoso: empleadores y trabajadores podrán acordar, de manera individual o colectiva, la extensión del período vacacional, siempre respetando los mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Según el documento, las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con una notificación anticipada de 45 días. También habilita la acumulación excepcional de días, previa autorización de la autoridad laboral, y permite fraccionar el descanso en tramos no inferiores a siete días, adaptándose a necesidades familiares y productivas.
Banco de horas y nuevas reglas para organizar la jornada
Uno de los puntos más relevantes para el sector empresario es la incorporación del “banco de horas”. El borrador autoriza a que convenios colectivos establezcan sistemas de compensación de horas que permitan adaptarse a picos y valles de actividad, manteniendo descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.
Además, las convenciones podrán definir cálculos promedios de jornada máxima sin superar los límites legales. El objetivo es combatir la rigidez horaria heredada del modelo sindical tradicional, un esquema que en la práctica perjudica tanto la productividad como la creación de empleo.
Indemnizaciones y despidos: fondos de cese y menos discrecionalidad judicial
Otro eje fuerte de la reforma es la modificación del sistema indemnizatorio. El proyecto habilita a que cada convenio colectivo reemplace la indemnización clásica por fondos o seguros sectoriales de cese laboral, mecanismo que reduce costos imprevisibles y facilita la contratación.
La base de cálculo quedará limitada a conceptos remunerativos habituales, dejando afuera gratificaciones extraordinarias o sumas no permanentes. Una práctica que en los últimos años derivó en fallos que incrementaron artificialmente las indemnizaciones.
Asimismo, la iniciativa ordena con precisión las causales de despido con justa causa y exige que el empleador notifique electrónicamente la decisión. Para los despidos sin causa, se mantiene el equivalente a un mes de sueldo por año trabajado. Y con la posibilidad de fraccionar pagos bajo condiciones reguladas.
Enfermedad y ausencias: certificados digitales y control centralizado
El borrador incorpora certificados médicos digitales con plena validez legal y crea un sistema centralizado de control para verificar diagnósticos. Esto apunta a reducir maniobras irregulares que durante años fueron utilizadas en ciertos sectores para justificar ausencias injustificadas y generar litigios.
Además, la propuesta define con mayor claridad el concepto de abandono de trabajo. Y obliga al empleador a notificar fehacientemente antes de aplicar sanciones o extinguir el vínculo.
Plataformas digitales: reconocimiento pleno como relación laboral
La reforma incorpora un capítulo específico para repartidores y trabajadores de aplicaciones digitales. A diferencia del modelo que predominó durante gobiernos anteriores —que permitió un vacío legal sostenido—, el proyecto obliga a registrar a los trabajadores, abonar aportes y contratar seguros de accidente.
También se reconocen derechos sindicales y participación en negociaciones colectivas, equiparando su estatus al resto del mercado laboral regulado.
