La Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo presentado por las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior derrumbe del criptoactivo $LIBRA, proyecto que adquirió notoriedad pública tras ser difundido en su momento por el presidente Javier Milei en su cuenta de X.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la participación del abogado y diputado Juan Grabois como querellante en representación de un grupo de damnificados. El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la queja presentada no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable.
El trasfondo del caso y la acusación por “rug pull”
El expediente —a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano— busca determinar si la operatoria de $LIBRA constituyó una maniobra de rug pull. Es decir, un esquema en el que se infla artificialmente el valor de un activo para luego provocar su caída abrupta. Y generando beneficios extraordinarios para sus desarrolladores y fuertes pérdidas para miles de inversores.
La causa tomó un giro internacional cuando Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, una ciudadana bielorrusa, se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi asegurando haber perdido US$ 1.768.079 debido a la operatoria vinculada al token. Según su presentación, la amplia difusión del proyecto —incluida la intervención pública de Milei avalándolo como herramienta de impulso económico— influyó sobre la decisión de invertir.
El planteo de la mujer incluye el pedido de ser reconocida como particular damnificada y la solicitud de ampliar el embargo sobre los bienes de Hayden Davis, impulsor del proyecto, quien calificó como “irrisorio” el monto actual de la medida cautelar, fijada en apenas US$ 25.000.
La disputa por las querellas y el rol de Grabois
Desde comienzos de 2025, la participación de los damnificados como querellantes generó fuertes tensiones procesales. En febrero de ese año, la jueza María Servini había rechazado los pedidos de tres inversores patrocinados por Grabois y otros abogados. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y avaló su incorporación al proceso.
En aquella resolución, los camaristas remarcaron que la legitimación activa no depende de que el delito esté probado. Sino de que exista un relato inicial consistente que justifique la apertura de la investigación judicial. Ese criterio abrió la puerta para que nuevos damnificados solicitaran su participación formal.
Tras ese revés, las defensas de Novelli y Terrones Godoy llevaron el caso a la Cámara de Casación, donde tampoco lograron respaldo. Finalmente, presentaron una queja ante la Corte, alegando arbitrariedad y violación del debido proceso. El tribunal rechazó ambos planteos.
Qué viene ahora en la causa $LIBRA
Con la decisión de la Corte Suprema, el expediente vuelve al juzgado de Martínez De Giorgi. Y que deberá resolver si acepta la incorporación de Vitalievna como querellante y si amplía o no el embargo sobre Davis. El caso, que comenzó como una controversia dentro del ecosistema cripto, escaló rápidamente a un proceso con decenas de damnificados y ramificaciones políticas.
Aunque la causa apunta centralmente a los desarrolladores del token, la difusión inicial de $LIBRA —a través de publicaciones virales en redes sociales y el impulso de figuras públicas— sumó un componente institucional inesperado.
