Patricia Bullrich reaccionó con dureza al fallo que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y cuestionó al juez Martín Cormick, a quien acusó de actuar de forma sistemática contra el Gobierno. La ex ministra afirmó que la norma fue validada por decenas de magistrados y contó con el respaldo social.
A través de un mensaje público, Patricia Bullrich sostuvo que el protocolo antipiquetes fue aplicado “con decisión y firmeza” desde el primer día. Según expresó, el esquema permitió recuperar el orden en las calles y garantizar derechos básicos como trabajar, circular y vivir en paz.
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En su pronunciamiento, la ex funcionaria cuestionó la legitimidad del fallo judicial. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, afirmó. Además, apuntó contra quienes celebraron la decisión, a quienes definió como sectores que viven del “caos, la extorsión y la desestabilización”.
El fallo que dejó sin efecto el protocolo antipiquetes
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. La decisión fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales como la libertad de reunión y de expresión. Cormick cuestionó que el protocolo habilitara la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad ante cortes de calles o rutas.
La respuesta política y el debate de fondo
Para Patricia Bullrich, el fallo perjudica a los ciudadanos que cumplen la ley. Señaló que los principales afectados son quienes necesitan trasladarse, trabajar y desarrollar su vida cotidiana sin interrupciones. En ese marco, aseguró que el orden público “no se negocia” y anticipó que no dará marcha atrás en su postura. El magistrado, en cambio, remarcó que ninguna manifestación puede equipararse de forma automática a un delito penal.
La sentencia también advirtió que el protocolo desplazó al Poder Judicial de su rol constitucional. Según el fallo, solo un juez puede ordenar la disuasión o dispersión de una protesta en la vía pública. El Gobierno de Javier Milei, de todos modos, mantiene la posibilidad de apelar la decisión ante instancias superiores.
