Tras varias idas y vueltas por el articulado de la reforma laboral, el Gobierno decidió desactivar una confrontación directa con el sindicalismo y finalmente no avanzará con las restricciones a las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
«Es una reforma que tiene por objetivo generar trabajo. Todo lo que no vaya en esa dirección quedará para ser discutido más adelante», sintetizó una fuente de peso en la Casa Rosada sobre lo que en el oficialismo definen como una «modernización» del mercado laboral.
Un proyecto “cerrado” que nadie vio
Según pudo saber Noticias Argentinas de al menos dos fuentes oficiales, el borrador que el Gobierno se dispone a enviar al Congreso ya no incluye el punto que detonó la tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT). La central se plantó desde el primer momento contra cualquier intento de tocar sus resortes de financiamiento y, en señal de malestar, se ausentó de la última reunión del Consejo de Mayo que se realizó el martes en Casa Rosada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que el consejero sindical se encontraba regresando al país tras un viaje a Washington. Lo cierto es que, en esa instancia clave donde se terminaron de pulir las conclusiones, el sindicalismo no tuvo voz y la foto final mostró a la CGT fuera de la mesa en la que se discutía el futuro esquema laboral.
El proyecto que modifica el régimen de contratación y la normativa vigente llegará al Congreso el próximo jueves, cuando el presidente Javier Milei regrese de su viaje a Oslo, donde participa de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que distingue a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Mientras tanto, el texto completo de la iniciativa sigue sin ser publicado, aunque en el Gobierno insisten en que «ya está cerrado». Y que sólo resta completar el circuito formal para su remisión desde Presidencia al Poder Legislativo.
La postura de la central obrera
En el apartado de propuestas surgidas de las seis reuniones realizadas entre junio y diciembre, el Consejo de Mayo reseña la intervención de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, que habló en nombre del ala sindical. Allí se consigna que el dirigente reclamó jerarquizar la Formación Profesional (FP) y subrayó que esas políticas no implican grandes costos si se planifican correctamente.
En ese mismo documento figura que Martínez propuso «reescribir la Ley de Contrato de Trabajo». Sin embargo, en la CGT buscan despegarse de esa formulación y remarcan que no convalidarán cambios que, a su criterio, supongan pérdida de derechos para los trabajadores.
La central obrera dejó asentadas sus objeciones sobre puntos sensibles de la Ley de Contrato de Trabajo. Y planteó modificaciones en la relación entre el derecho individual y el colectivo. Algunas de esas observaciones fueron consideradas al redactar las conclusiones del Consejo. Aunque quedaron fuera de los proyectos que el Ejecutivo se dispone a girar al Congreso.
En distintas intervenciones, Martínez expresó su disconformidad con el espíritu general de la reforma, a la que acusó de avanzar contra conquistas históricas. «No nos vamos a quedar con los brazos cruzados», advirtió el dirigente, dejando entrever la posibilidad de medidas de fuerza.
Equilibrio interno y gesto político a fin de año
En la administración libertaria destacan que Milei mantiene un canal de diálogo abierto con varios referentes de la CGT, algunos de los cuales ya pasaron por Casa Rosada cuando el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos coordinaba la relación con los distintos sectores.
Con esa lógica de bajar la tensión a fin de año, el Presidente decidió no empujar ahora los puntos más duros que reclamaban Sturzenegger y la senadora libertaria Patricia Bullrich. Y que apuntaban directamente al corazón del poder sindical. La lectura es que habrá tiempo para volver sobre esos temas una vez encaminada la reforma general y con la economía más estabilizada.
En los pasillos de la Casa de Gobierno reconocen que es «razonable» esperar una reacción de la CGT en las próximas semanas. Saben que la central buscará mostrar músculo en la calle, pero en el oficialismo lo ven como parte del libreto habitual. «Es lo esperable. Es lo que tienen que hacer», se resignan cerca del Presidente, confiados en que el núcleo de la reforma laboral se mantendrá en pie.
El debate por el grado de dureza del proyecto se dio puertas adentro del Gobierno y encontró resistencias. Entre quienes aconsejaron evitar un choque frontal con los gremios aparece el asesor presidencial Santiago Caputo. Y que mantiene buen vínculo con dirigentes del mundo sindical y empujó por una salida más gradual. Su postura terminó imponiéndose frente al sector que pedía avanzar sin concesiones.
