El abogado laboralista Julián de Diego analizó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que el proyecto apunta a resolver uno de los principales problemas estructurales del país: la informalidad. Según afirmó, la iniciativa “va a mejorar la situación de los que están en la clandestinidad” y fomentará las inversiones al reducir costos y dar previsibilidad.
En diálogo con Radio Rivadavia, el especialista explicó que la ley se apoya en un cambio profundo del sistema laboral y que su eje central es el blanqueo de trabajadores, un punto que considera imprescindible para que el resto de la reforma tenga impacto real.
Blanqueo laboral y alivio para las pymes
De Diego remarcó que en la Argentina existen más de ocho millones de trabajadores en negro, y advirtió que, sin atacar ese fenómeno, “todo el resto de la reforma se desmorona”. En ese sentido, destacó que el proyecto propone un esquema de regularización con perdón total de deudas pasadas para las empresas que blanqueen personal.
Como ejemplo, explicó que una pyme que mantuvo empleados no registrados durante años podrá incorporarlos al sistema formal sin enfrentar juicios ni multas acumuladas. Además, los trabajadores regularizados obtendrán reconocimiento de antigüedad jubilatoria, con plazos de entre 24 y 40 meses.
El abogado subrayó que el ingreso al sistema formal será “muy barato” para los empleadores, ya que las contribuciones patronales arrancan en un 5% y crecen de manera gradual. Según sostuvo, esta pérdida inicial de recaudación se compensará con una mayor masa de trabajadores en blanco.
Salarios, juicios laborales y sindicatos
En relación con los salarios, De Diego aclaró que el pago parcial “en especies” no es una novedad, ya que está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo desde 1975. Recordó que el límite es del 20% del salario, para no afectar el ingreso en efectivo del trabajador, y explicó que muchas empresas ya utilizan este mecanismo.
También señaló que la reforma permitirá el pago de sueldos en divisas, como dólares o euros. Una opción pensada especialmente para empresas vinculadas a la economía del conocimiento.
Respecto de los juicios laborales, afirmó que la iniciativa busca cerrar zonas grises de interpretación. Especialmente en materia de indemnizaciones, donde existían disputas sobre si debían incluirse conceptos como aguinaldo o vacaciones. Según indicó, el objetivo es reducir la litigiosidad que hoy afecta principalmente a las pymes.
Uno de los puntos más sensibles, advirtió, es el impacto sobre los sindicatos. La reforma habilita al empleador a no actuar como agente de retención de las cuotas sindicales. Lo que, según De Diego, provocará un fuerte golpe a la recaudación gremial. “Si el empleador deja de retener, los sindicatos tendrán que salir a cobrar como cualquier asociación”, explicó.
Para el abogado, este cambio explica en gran parte la reacción sindical y la convocatoria a medidas de fuerza. “Es un cambio profundo en el sistema”, concluyó.
