La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró públicamente el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral y colocó en el centro del debate una de sus disposiciones más sensibles para el sindicalismo: el tope de 10 horas mensuales remuneradas para que los delegados gremiales desarrollen actividades sindicales dentro de la jornada laboral.
Ante un auditorio de empresarios reunidos en el Seminario Propymes del Grupo Techint, Bullrich formuló una frase que marcó el tono político de su intervención: «Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar«. De este modo, apuntó directamente al régimen de licencias gremiales y buscó recortar un espacio históricamente sensible para las organizaciones sindicales.
Los argumentos de Patricia Bullrich
La legisladora explicó que, con esta modificación, si los delegados superan ese límite horario, el excedente será descontado del salario en forma proporcional. Justificó la medida sosteniendo que los representantes gremiales «siguen siendo trabajadores» y que deben cumplir sus obligaciones laborales del mismo modo que el resto del plantel.
Según relató ante el auditorio, en un panel que compartió con el CEO de Techint, Paolo Rocca, esta disposición pretende evitar que la actividad sindical se convierta en una función desligada del puesto de trabajo: «Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante», insistió.
?? “A LABURAR, SIGUEN SIENDO TRABAJADORES Y NO SOLO DELEGADOS”
— Agarra la Pala (@agarra_pala) December 11, 2025
BULLRICH LE PUSO LOS PUNTOS A LOS DELEGADOS GREMIALES Y LOS MANDÓ A LABURAR!! @edufeiok @JMilei @PatoBullrich pic.twitter.com/X6s23y0fUM
Más sobre la reforma laboral
Patricia Bullrich buscó presentar el proyecto como un reequilibrio entre representación gremial y responsabilidad laboral. La idea, remarcó, es que la actividad sindical mantenga su legitimidad pero esté acotada por parámetros claros para evitar abusos o dedicaciones exclusivas no remuneradas como tales.
Otro punto de la reforma que destacó fue la sanción a los bloqueos de empresas, una práctica que el oficialismo pretende tipificar como «infracciones muy graves». La legisladora defendió la decisión de endurecer el marco legal frente a estas modalidades de protesta, a las que considera incompatibles con la seguridad jurídica y el funcionamiento productivo.
