Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, aseguró que la justicia argentina atraviesa “una agonía silenciosa” y alertó que el sistema está en un “momento bisagra”. En diálogo con Infobae en Vivo, analizó el avance del narcotráfico, denunció vacantes críticas y cuestionó la falta de recursos frente al crimen organizado.
Crisis en la justicia argentina y deterioro institucional
Sandra Arroyo Salgado trazó un diagnóstico severo sobre la justicia argentina. La magistrada sostuvo que el Poder Judicial atraviesa una degradación estructural que afecta su capacidad para investigar delitos complejos. “La corrupción atraviesa los tres poderes del Estado y pone en jaque el funcionamiento democrático”, afirmó. Para ella, la situación llegó a un punto límite que exige decisiones políticas urgentes.
La jueza explicó que el deterioro se observa en todos los niveles. Mencionó 609 vacantes sin cubrir, un proceso de selección paralizado desde hace dos años y una Corte Suprema integrada por solo tres miembros. “La justicia argentina está agonizando, casi en terapia intensiva”, dijo. Sumó que ochenta y tres magistrados renunciaron durante el mismo período y que la falta de designaciones frenó causas de impacto nacional.
También cuestionó los acuerdos políticos que condicionan el nombramiento de jueces. Aseguró que esa dinámica profundizó la dependencia del sistema respecto al poder de turno. “La decadencia comenzó en los 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’. Hoy el problema se extendió a todo el cuerpo judicial”, sostuvo.
Narcotráfico, lavado y el avance del Comando Vermelho
Sandra Arroyo Salgado describió uno de los casos más sensibles que pasó por su juzgado: una causa de lavado de más de 500 millones de dólares vinculada al Comando Vermelho. Contó que la investigación se originó por un informe de la UIF y que los principales sospechosos vivían en Nordelta. Para avanzar, su equipo debió usar drones y técnicas sofisticadas. “Lavaban activos con criptomonedas y operaciones que no cuadraban con la actividad declarada”, afirmó.
La magistrada alertó que la Argentina se volvió un territorio permeable para el crimen organizado. Aseguró que la debilidad institucional y la falta de controles permiten que organizaciones extranjeras usen el país como base de operaciones. “La opacidad institucional es enorme. Funciona como puerta de entrada para mafias regionales”, señaló.
La jueza cuestionó también la falta de recursos. Explicó que su juzgado interviene en cuatro municipios y trabaja con equipamiento limitado. “Tenemos treinta empleados y tecnología muy inferior a la del narcotráfico”, detalló. Dijo que, debido a la corrupción en algunas fuerzas de seguridad, deben manejar la información con extremo cuidado.
Vacíos críticos y un llamado social ante el deterioro judicial
Sandra Arroyo Salgado remarcó que incluso dentro del sistema penitenciario se producen maniobras criminales. Recordó que muchos detenidos siguen operando desde la cárcel gracias al uso de celulares habilitado durante la pandemia. “Allanamos centros de detención y secuestramos teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”, explicó.
Frente a este panorama, pidió una mayor participación de la sociedad para impulsar una reforma profunda. Sostuvo que la justicia es el único ámbito donde el ciudadano puede equilibrar el poder estatal y que el deterioro institucional afecta directamente la vida de las víctimas. “Si reconstruimos una justicia independiente, ganamos todos”, afirmó.
La magistrada cerró con un mensaje de advertencia. Señaló que no ve señales claras de voluntad política para revertir la crisis actual. “Estamos en un momento bisagra. O reconstruimos una justicia independiente o vamos hacia un deterioro final”, sostuvo.
El subsecretario enmarcó su postura en el actual clima económico y social. Señaló que los aumentos acumulados son parte del modelo que impulsa Javier Milei, a quien responsabilizó por el deterioro del poder adquisitivo y por las condiciones que, según él, perjudican a los usuarios del transporte público.
