La Argentina llega a 2026 con un escenario judicial externo muy complicado. A la par de los compromisos de deuda, el país enfrenta una constelación de juicios abiertos en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y en el ámbito del CIADI que, en conjunto, representan cerca de US$ 30.000 millones. Se trata de causas diversas: algunas ya cuentan con condenas firmes y sin margen de apelación, mientras que otras atraviesan instancias decisivas y podrían escalar en los próximos meses, profundizando la presión sobre el Estado.
El caso más destacado es el de la expropiación de YPF. Tras el fallo adverso en Nueva York que estableció una condena por 16.100 millones de dólares, la Argentina presentó una apelación y el expediente ingresó en una etapa particularmente compleja. La jueza Loretta Preska avanzó con medidas orientadas a identificar activos y exigir la entrega de comunicaciones oficiales, lo que abrió un frente de alta tensión para el país.
Sin embargo, en las últimas horas se produjo un alivio parcial: Preska aceptó un planteo de la propia YPF y resolvió suspender el llamado «discovery de alter ego», es decir, la investigación destinada a determinar si existen bienes de la petrolera que puedan ser considerados embargables como activos del Estado. Esa decisión no cierra el conflicto, pero otorga un margen temporal en una causa que sigue siendo central.
Otros casos relevantes del 2026
Más allá de YPF, otro capítulo de peso es el de los cupones atados al Producto Bruto Interno (PBI). En el caso de los instrumentos en euros, la Justicia británica ya falló contra la Argentina y no quedan instancias legales para revertir la condena. El país debe negociar un pago cercano a los 1.800 millones de dólares, luego de que se ejecutara parte de la garantía que había sido depositada.
En paralelo, los cupones en dólares vuelven a escena en Estados Unidos: el fondo Aurelius y otros demandantes preparan una nueva demanda después de que Preska rechazara el planteo original por una cuestión técnica, aunque dejó abierta la puerta para una nueva presentación.
El frente de los holdouts del default de 2001 tampoco se cerró. Fondos como Attestor Master ya lograron embargar activos por unos 300 millones de dólares y continúan reclamando montos adicionales, en causas donde la Argentina prácticamente agotó las instancias de defensa. En ese mismo universo aparece Bainbridge Fund, que busca cobrar unos 95 millones de dólares y cuenta con un fallo favorable para tomar posesión de acciones de YPF en manos del Estado, además de intentar avanzar sobre el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
?Un último repaso en el año a los juicios que enfrenta Argentina y en que etapa se encuentran.
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) December 19, 2025
1. Expropiación YPF.
– Apelación del Foro, Aplicación de Ley Argentina y los USD 16.100 millones.
– Apelación por la entrega de las acciones de YPF.
– Apelación de la ONG…
CIADI, Aerolíneas Argentinas y deudas anteriores
La expropiación de Aerolíneas Argentinas constituye otro expediente delicado. Argentina apeló una sentencia que lo obliga a pagar alrededor de 390 millones de dólares, mientras persisten reclamos históricos vinculados a ese proceso, algunos de los cuales pasaron por el CIADI y continúan abiertos en distintos tribunales.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) concentra, de hecho, múltiples causas contra la Argentina, tanto abiertas como ya resueltas. Entre las más recientes, el tribunal del Banco Mundial ordenó al país pagar 716 millones de dólares a AES Corporation por la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá, y otros 147 millones de dólares a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria.
A este cuadro se suman viejas disputas por deuda en default y conflictos por concesiones, que elevan el volumen total de litigios. De acuerdo con estimaciones privadas citadas en expedientes judiciales, entre causas apelables y ejecutables el stock de reclamos ronda los 30.000 millones de dólares.
