Las universidades públicas advirtieron que no iniciarán las clases del ciclo lectivo 2026 si el Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo surgió tras un fallo judicial que ordenó recomponer salarios y actualizar becas estudiantiles. Los gremios señalaron que la continuidad académica depende de la aplicación inmediata de la norma.
Reclamo salarial y presupuesto adeudado
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que la medida de fuerza sigue vigente. Según explicaron, el Ejecutivo debe pagar un 46% adeudado por recomposición salarial. De lo contrario, afirmaron que el inicio del año académico quedará en suspenso.
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En ese contexto, el dirigente Antonio Rosselló remarcó que el Gobierno de Javier Milei debe cumplir el fallo sin demoras. “La resolución es clara y exige un aumento salarial”, sostuvo. Además, reclamó una actualización del presupuesto de las universidades públicas, junto con las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, Rosselló expresó desconfianza sobre la voluntad oficial. Según explicó, el Ejecutivo podría apelar la resolución judicial. Además, recordó antecedentes recientes en los que el Gobierno demoró la aplicación de leyes vigentes vinculadas al área social.
Un conflicto que se arrastra desde hace meses
El reclamo se profundizó tras vetos presidenciales y extensos debates legislativos. Durante ese período, la Cámara de Diputados ratificó la Ley de Financiamiento Universitario en varias oportunidades. Aun así, artículos clave nunca se aplicaron, lo que agravó la situación del sector educativo.
Mientras tanto, la comunidad de las universidades públicas mantiene el estado de alerta. La pérdida del poder adquisitivo afecta la planificación académica. Según los gremios, también están en riesgo las mesas de examen y la organización del próximo ciclo lectivo.
El juez Martín Cormick dictó una medida cautelar favorable al Consejo Interuniversitario Nacional. Declaró inaplicable un decreto del Ejecutivo que suspendía la ley. Además, ordenó garantizar las partidas necesarias y sostuvo que la omisión estatal vulnera derechos constitucionales ligados a la educación.
