El Gobierno nacional decidió modificar la Ley de Inteligencia Nacional por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La resolución que tomó el Poder Ejecutivo generó controversias por la sensibilidad que genera el caso y porque lo realizó sobre el cierre del 2025.
A través de un decreto firmado por Javier Milei, se vio modificada una ley que tiene fuerte impacto en los servicios. Este decreto modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus normas complementarias, con el objetivo principal de reorganizar y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La ciberseguridad, el principal objetivo del DNU
El documento compartido desde Casa Rosada marca la intención de modernizar la ley 25.520. Según argumenta, frente a los desafíos tecnológicos, es preciso modificar cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad, comunicaciones e información. Además, el DNU resalta que se pretende evitar superposiciones, mejorar la eficiencia y modernizar componentes.
Asimismo, se menciona la creación de organismos desconcentrados para enfocarse en ciberseguridad, contrainteligencia y asuntos internos, con énfasis en proteger la información estratégica, prevenir amenazas y evitar injerencias externas.
A partir de lo fundamentado, el Gobierno decretó la creación de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta agencia se encarga de ciberseguridad en infraestructuras críticas, valor estratégico y protección de información sensible. Incluye el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo desconcentrado.
Enfoque en la contrainteligencia
Además, el DNU informó que se crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), dependiente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El fin del nuevo organismo es identificar y neutralizar amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia que afectan la seguridad estratégica nacional.
