El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó con dureza el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y advirtió que la reforma impulsada por el Gobierno nacional podría derivar en un esquema “parapolicial” de la SIDE, al tiempo que anticipó que buscarán rechazarlo en el Congreso.
Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Rossi sostuvo que el decreto “atropella garantías individuales básicas” y afirmó que “convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta”, al considerar que habilita detenciones sin orden judicial y amplía de forma peligrosa las facultades de inteligencia.
El ex jefe de Gabinete también señaló que permitir la participación de Fuerzas Armadas y de seguridad en tareas de inteligencia interior implica una violación a la Ley de Seguridad Interior y un retroceso democrático, además de advertir sobre un posible impacto negativo en el periodismo y la libertad de expresión.
Qué establece el DNU y los límites vigentes
Contrario a lo planteado por Rossi, el DNU no elimina las garantías constitucionales ni habilita detenciones arbitrarias sin control judicial. La normativa mantiene la prohibición expresa de realizar inteligencia interior sobre ciudadanos por motivos políticos, sociales o periodísticos. Y cualquier actuación que afecte derechos individuales sigue sujeta al marco legal vigente y al control de la Justicia.
Asimismo, el decreto no suprime el control parlamentario: el DNU debe ser analizado por la Comisión Bicameral y luego por ambas cámaras del Congreso. Y donde puede ser aprobado o rechazado, preservando el equilibrio republicano entre poderes.
Inteligencia, seguridad y responsabilidad institucional
El Gobierno argumenta que la actualización del sistema de inteligencia responde a nuevas amenazas transnacionales. Como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que requieren coordinación operativa sin desdibujar los límites entre defensa, seguridad e inteligencia.
En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que la reorganización busca eficiencia y trazabilidad operativa. Sin reinstalar prácticas ilegales del pasado ni habilitar mecanismos de persecución política.
