La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, volvió a generar fuerte impacto político al referirse a la discusión sobre la edad de imputabilidad. En diálogo con Radio La Red, la funcionaria sostuvo que la Argentina está “rezagada” en el debate y planteó la necesidad de avanzar con una reforma profunda del sistema penal juvenil.
Durante la entrevista, Monteoliva remarcó que el país mantiene una normativa vigente desde 1980 y advirtió que las organizaciones criminales “han cambiado radicalmente” en las últimas décadas. En ese marco, sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de una estrategia integral contra el delito.
“Excepto Brasil, todos los países de la región están entre los 12, 13 y 14 años”, explicó la ministra, al señalar que la discusión no responde solo a una cuestión local. En esa línea, subrayó que América Latina concentra “el 35% de los homicidios del mundo”, pese a representar menos del 10% de la población global.
La discusión por una imputabilidad aún más baja
Monteoliva fue más allá y dejó una definición contundente: “Ojalá logremos 13 o 14 años, pero si usted me pregunta a mí, creo que debería ser incluso un poquito menos”. Según explicó, la tendencia actual del debate internacional se está desplazando hacia los 12 y 13 años, en función de la evidencia disponible.
Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre el proyecto de ley que tratará el Congreso sobre la baja en la edad de imputabilidad.
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La ministra advirtió que hoy existe un problema central que atraviesa la región: el reclutamiento de niños por parte de las organizaciones criminales. “Las organizaciones criminales reclutan niños y no hemos dimensionado el impacto que eso tiene”, alertó, y agregó que para esas estructuras “la vida no vale nada” y los reemplazos son constantes.
Prevención, educación y un cambio de sistema
Frente a las críticas, Monteoliva aclaró que la iniciativa no se limita a “bajar un número”. “Esto implica prevención, institucionalidad, contención y un fuerte componente educativo que será prácticamente obligatorio”, explicó. Además, destacó la figura del supervisor y la necesidad de recursos para evitar que los institutos de menores se conviertan en espacios de abandono.
Consultada por la implementación, reconoció que la justicia de menores es mayoritariamente provincial y afirmó que ya existe un trabajo de articulación. Sin embargo, fue crítica con la provincia de Buenos Aires y sostuvo que es “muy difícil” modificar una postura “altamente ideologizada” en materia de seguridad.
Por último, Monteoliva defendió los resultados de la gestión y destacó la baja sostenida de homicidios desde fines de 2023. “Un hecho de violencia genera una conmoción enorme, pero eso no puede ocultar el esfuerzo y la evidencia”, señaló, al remarcar que la lucha contra el crimen organizado debe ser el eje central de la política de seguridad.
