La disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires continúa al punto tal que Axel Kicillof le hizo frente al DNU 342/25 impulsado por el presidente Javier Milei. Esta normativa desregula, entre otras cosas, la actividad de los Serenos de Buques, aunque ahora es obligatorio nuevamente en PBA, lo que causó rechazo en el entorno del mandatario.
«Milei libera, desregula y baja costos. Kicillof impone, obliga y revienta al sector privado. Un soviético usando la fuerza represora del Estado para proteger la caja de un sindicalista…», criticó el secretario de Prensa Javier Lanari en su cuenta de X. Sin embargo, no fue el único porque el jefe de Gabinete, Manuel Adorni también rechazó la medida: «¿?».
¿En qué consiste esta decisión?
Hasta la entrada en vigencia del decreto, la presencia de Serenos de Buques era una actividad obligatoria en los puertos, asociada a tareas de vigilancia, control, seguridad operativa y resguardo de las embarcaciones. Sin embargo, Javier Milei decidió desregular esto y que ya no sea un trabajo obligatorio.
Esto no fue aceptado por Axel Kicillof, quien consideró que es una medida que pone en riesgo la seguridad portuaria y marítima, porque, entre otras actividades de un Sereno de Buque está la del control y prevención de contenido ilegal, como estupefacientes u otros tipos de contrabando.
Ante esto, y la presión del gremio que rechazaba la reducción de puestos de trabajo, Axel Kicillof dispuso nuevamente la obligatoriedad de los serenos de buques en todos los puertos y terminales portuarias de la provincia de Buenos Aires.
<Milei libera, desregula y baja costos. Kicillof impone, obliga y revienta al sector privado. Un soviético usando la fuerza represora del Estado para proteger la caja de un sindicalista… https://t.co/6Bimnrtyuw
— Javier Lanari (@javierlanari) January 25, 2026
Axel Kicillof frente al Gobierno nacional
A pesar de que el DNU es nacional, el gobernador bonaerense tiene facultad para decidir sobre los puertos de su provincia, por lo que está dentro de su derecho de poder realizarlo. La resolución establece que la obligatoriedad alcanza a todas las embarcaciones comerciales o industriales, nacionales o extranjeras, con un arqueo superior a las 2.000 toneladas que permanezcan amarradas en puertos fluviales o marítimos, tanto públicos como privados, dentro de la provincia
