En Tucumán, sobre el cierre del año, la Justicia decidió sobreseer a los jugadores de Vélez, quienes habían sido acusados de abuso sexual. Según el juez a cargo de la causa, la denunciante era consciente de los hechos ocurridos en un hotel de la capital de la provincia. Finalmente, el magistrado hizo que la causa tome un giro inesperado.
El pasado 30 de diciembre, luego de tres audiencias, el juez Augusto José Paz Almonacid dio su conclusión sobre el caso que involucró a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield: Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abel Osorio y José Florentín Bobadilla. Éstos fueron denunciados, incluso detenidos, por violación en manada a una periodista tucumana.
Tras casi dos años de escarnio público a ellos y a sus familias, los futbolistas consiguieron la absolución por parte de la Justicia de Tucumán. El juez resvolvio el sobreseimiento luego de peritar diferentes celulares y escuchar testimonios por parte de las amigas de Lourdes Parache, la denunciante.
Las pruebas utilizadas por el juez
La herramienta que ofrece la Universal Forensic Extraction Device (UFED) hizo que el encargado del caso pudiera reconstruir los hechos. Por medio de recuperación de chats, fotos, llamadas, el juez encontró pruebas que fueron suprimiendo la teoría de abuso. En los mensajes encontrados, la denunciante había coordinado el encuentro en el hotel donde se encontraban los futbolistas, por ese entonces, de Vélez Sársfield.
En su veredicto, Paz Almonacid destacó mensajes de Parache al arquero Sebastián Sosa luego del encuentro pactado. También observó que hubo comunicación entre la acusadora y sus amigas durante su hospedaje en el hotel Hilton. Allí aseguró que un futbolista le había regalado una camiseta y, al salir, confesó que estaba «chocha».
«Me armaron el relato»
Pocas horas después de que Parache confirmara que el encuentro con los jugadores de Vélez había sido consensuado, hubo un cambio. En el recupero de chats, el juez vislumbró un mensaje entre la denunciante y su amiga: «La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada«, le confesó. Se trataba de Patricia Neme, la letrada que representa a Parache.
La amiga de la acusadora, Milagros Castellote, es una pieza clave en la reconstrucción de los hechos. El juez rescató un mensaje de ella a su novio. En el mismo reveló: «Mirá, voy a ser sincera, yo borré alguno. Jajaja. Que Lourdes me ponía que la había pasado bien porque tenía miedo de perjudicarla en algo o que su relato no sea creíble«.
Sobre la amiga de Parache, Paz Almonacid subrayó, además, que pocos días después de declarar en favor de la denunciante, fue contratada por el Banco Macro. Según el medio «eltucumano» el magistrado fue contundente: «Coincidente con el ingreso a trabajar en el Banco Macro cuatro días después de su declaración en sede judicial, lugar donde trabaja el padre de Parache, situación que tengo en cuenta al momento de valorar las posibles razones por las que Castellote declaró en un sentido en sede judicial y a sus íntimos les dijo otra cosa.»
El poder en las sombras
Durante el mes de noviembre, Lourdes Parache le envió un mensaje a su círculo íntimo de amigas. En el mismo se disculpó y dejó una prueba un tanto sugestiva: «Sería absurdo negar que estuve en un mal manejo de todas las partes, siendo prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar.»
Allí aparece la figura del diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Cisneros. El dirigente gremial de La Bancaria fue apuntado por Ana Inés Gray, quien declaró que había un plan para hacer desaparecer el teléfono móvil de Parache y, de esa manera, imposibilitar el peritaje: «Un empleado de Cisneros iba a hacerse pasar por choro«, indicó según el medio «eltucumano«.
Ante este contexto, el futbolista José Florentín denunció a Cisneros por la manipulación de pruebas, influir en testigos y tratar de entorpecer la causa. Al mismo tiempo los futbolistas apuntan contra el congresista, quien maneja el juego en la Caja Popular de Ahorros, por «trata de personas con fines de explotación sexual». En el documento presentado, incluso, pidieron la detención.
