Argentina rechazará formalmente el pedido de desacato presentado por el fondo Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de YPF, luego del fallo adverso dictado por la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones. La respuesta será presentada dentro de los plazos procesales establecidos por la magistrada en los tribunales de Estados Unidos.
Según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Estado presentará su respuesta el 19 de febrero, conforme al cronograma fijado por la magistrada. El planteo de Burford solicita que la Argentina sea sancionada por un supuesto incumplimiento en la entrega de documentación vinculada al proceso de discovery.
El fondo elevó un pedido para que la jueza declare en desacato al país por no entregar chats y correos electrónicos de funcionarios nacionales. El objetivo de Burford es probar una supuesta relación de alter ego entre el Estado argentino y YPF, para avanzar sobre activos vinculados a la petrolera.
La defensa argentina y el cumplimiento del discovery
Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que la Argentina cumplió plenamente con el proceso de discovery. En ese sentido, detallaron que se entregaron más de 113.000 páginas de documentos y se aportaron testimonios de distintos funcionarios argentinos.
Las fuentes oficiales sostuvieron que la moción presentada por Burford constituye un nuevo intento de hostigamiento mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados”. Según indicaron, el propio CEO del fondo reconoció ante inversores una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
Avances judiciales a favor de la Argentina
El Gobierno remarcó que el planteo de desacato aparece tras avances judiciales favorables. Entre ellos, mencionó la audiencia de apelación del fallo, la caída superior al 20% en las acciones de Burford y el stay que frenó la entrega de acciones de YPF.
Desde la defensa argentina aseguraron que el país continuará colaborando con el discovery dentro de los límites de la Constitución y las leyes locales. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito analiza las apelaciones contra las órdenes dictadas por el tribunal.
