Los demandantes del juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a informar la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro.
El pedido se basa en la sospecha de una estrategia de ocultamiento de activos para evitar el pago de la sentencia por US$ 16.100 millones. Según los beneficiarios del fallo, la Argentina incumplió órdenes judiciales vinculadas al proceso de identificación de bienes embargables.
Los fondos Petersen y Eton Park denunciaron que el país no presentó un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional. Afirmaron que el expositor enviado por el Gobierno estaba deliberadamente mal preparado, lo que consideraron una maniobra de obstrucción.
La presentación ante la jueza Preska
El reclamo surge de una carta enviada el 21 de enero de 2026 por el estudio Levine Lee LLP. En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los abogados detallaron presuntos incumplimientos de órdenes dictadas en agosto de 2025 por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
En la presentación judicial, los demandantes sostuvieron que la falta de colaboración forma parte de una estrategia para evadir la ejecución del fallo. Incluso señalaron la supuesta ocultación de más de US$ 1.000 millones en reservas de oro, en un contexto de precios récord del metal.
Funcionarios con acceso a la información
Los abogados afirmaron que funcionarios de alto rango cuentan con acceso directo a los datos requeridos. En ese marco, mencionaron al ministro de Economía, Luis Caputo, y su vínculo operativo con autoridades del Banco Central de la República Argentina.
Ante este escenario, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal ordene a la Argentina presentar una declaración jurada inmediata sobre la ubicación y los movimientos del oro. También reclamaron una audiencia probatoria y el pago de honorarios legales por la conducta que calificaron como obstructiva.
