El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este martes una nueva acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para declarar la «nulidad» e «inconstitucionalidad» del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia. El escrito forma parte de una larga lista de presentaciones que apuntaron contra el Gobierno Nacional por la modificación de las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Los principales problemas del DNU
Entre sus argumentos para declarar la nulidad, el CELS destacó que «no existe ninguna explicación sobre la urgencia ni los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia a través de un DNU». Asimismo, indicaron que el Ejecutivo «tiene prohibido legislar en materia penal, regla que rompió al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial».
#SIDE: el gobierno reforma el Estado para espiar a la ciudadanía
— CELS (@CELS_Argentina) January 2, 2026
El DNU 941/25 tiene un impacto total en el sistema de inteligencia.
Inconstitucional y peligroso, debe ser rechazado por el Congreso y el Poder Judicial.
?Acá 6 claves y una urgencia? pic.twitter.com/AOYPhknf6o
Finalmente, el tercer motivo mencionado aludió a que los lineamientos del DNU «no solo son ilegales por los derechos que vulnera, sino que además habilita contenidos arbitrarios y desproporcionados». A estas críticas ya las habían expresado los bloques opositores en el Congreso, principalmente desde Coalición Cívica, la Izquierda y la Unión Cívica Radical.
La polémica por las nuevas facultades
El CELS advirtió también que el DNU «desmantela prohibiciones históricas a los agentes de inteligencia» al otorgarles facultades de intervención bajo el paraguas de «investigaciones de inteligencia» o mediante la figura de «contrainteligencia». «Con este decreto, cualquier actividad de inteligencia puede ser calificada como contrainteligencia, quedando habilitada la SIDE para intervenir e influir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no podían», denunciaron.
Al mismo tiempo, el CELS condenó la autorización a los agentes de inteligencia para detener personas sin orden ni control judicial. «La autorización de facultades de carácter punitivo o represivo como estas implica una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo a legislar en materia penal», sentenciaron.
Los miembros del centro de estudio pidieron habilitar la feria judicial y solicitaron como medida cautelar «urgente» que se suspenda la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19, ya que afectan directamente a derechos constitucionales y humanos.
