El Gobierno puso en marcha una reforma de fondo en el sistema de salud pública y en el área de discapacidad al oficializar, mediante el DNU 942/2025, la prórroga de la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, también anuncia la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la eliminación del ANDIS.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad como organismo descentralizado. A partir de ahora, sus funciones pasarán a la Secretaría Nacional de Discapacidad, que quedará bajo la órbita directa de la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones. El decreto dispone el traspaso del personal, los recursos, los bienes y las partidas presupuestarias, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.
En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión responde a problemas estructurales acumulados en la ANDIS. El texto oficial señala que el organismo funcionaba sobre sistemas tecnológicos fragmentados y desarticulados, lo que generaba superposición de trámites, errores en la información y dificultades para garantizar circuitos de atención completos. Según el Gobierno, estas falencias impactaban de manera directa en el acceso a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.
Más cambios en salud
Además de los cambios en ANDIS, El DNU también introduce cambios en la Ley de Ministerios para ampliar las facultades del Ministerio de Salud en materia de discapacidad. Entre ellas, se incorpora el control y la auditoría del sistema de pensiones por invalidez y se refuerzan competencias sanitarias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos, que pasarán a ejercerse de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Emergencia sanitaria extendida
En paralelo, la extensión de la emergencia sanitaria fue presentada como una herramienta clave para sostener el funcionamiento del sistema de salud. El Gobierno advirtió que, sin esta prórroga, existiría un riesgo inmediato para la red asistencial, con posibles consecuencias graves en la provisión de servicios y tratamientos.
Tal como establece la Constitución Nacional, el decreto será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis. Mientras avanza ese proceso, el Gobierno sostiene que la reorganización apunta a mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia de las políticas públicas vinculadas a la salud y la discapacidad en un contexto de emergencia prolongada.
