El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), presentó un pedido formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, para que se suspenda el proceso de discovery en el litigio por YPF. Además, solicitó que se rechace el pedido de desacato impulsado por los demandantes, a quienes acusó de ejercer un “hostigamiento sistemático” contra la Argentina.
El comunicado del Gobierno nacional
Según el comunicado oficial difundido este miércoles, la PTN advirtió que los reclamos de los demandantes constituyen una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales, al tratarse de pedidos “intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables”.
En ese marco, el organismo remarcó que, a diferencia de administraciones anteriores -declaradas en desacato en reiteradas oportunidades-, el actual Gobierno cumplió plenamente con todas las órdenes judiciales desde su asunción en diciembre de 2023. Incluso, destacó que se realizó un esfuerzo “extraordinario” para entregar toda la información razonablemente relevante solicitada por el tribunal.
El texto oficial indica que la documentación presentada por el Estado argentino superó las 115.000 páginas, en lo que se calificó como un volumen de producción “sin precedentes”. Sin embargo, pese a esa entrega masiva de información, los demandantes no lograron identificar un solo activo embargable perteneciente a la República Argentina.
El Gobierno nacional apuntó contra un demandante en particular
Frente a ese escenario, la PTN sostuvo que los demandantes, en particular el fondo Burford, escalaron sus reclamos hacia pedidos “jurídicamente inaceptables, invasivos y costosos”. Por ejemplo, se incluyeron una solicitud de declaración de desacato y requerimientos vinculados a las reservas de oro del Banco Central.
“El discovery se ha desnaturalizado por completo y se transformó en una herramienta de hostigamiento ilegítimo”, sostuvo el Gobierno nacional. Y advirtió que estos pedidos buscan entorpecer el normal funcionamiento del Estado. En ese sentido, se reveló que los propios demandantes manifestaron que su objetivo es “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
Finalmente, la PTN aseguró que la Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su soberanía, el Estado de Derecho y frenar reclamos que considera manifiestamente ilegítimos y contrarios a la Constitución, las leyes nacionales y los principios básicos del derecho internacional.
