El Gobierno formalizó la entrada en vigencia del Presupuesto 2026 para la Administración Pública Nacional con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, sancionada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias. La norma establece el marco financiero y económico sobre el que se apoyará la gestión de Javier Milei a lo largo del próximo año y fija como eje central el mantenimiento del superávit de las cuentas públicas.
El texto presupuestario define un esquema que combina disciplina fiscal con incentivos tributarios condicionados al resultado de las finanzas estatales. En ese sentido, prevé una reducción de impuestos en caso de que el saldo fiscal sea superior al proyectado, mientras que contempla recortes automáticos de partidas si los ingresos no alcanzan las metas establecidas. De esta manera, el Presupuesto refuerza la lógica de equilibrio fiscal como principio rector de la política económica.
Según el documento oficial procesado por la Agencia Noticias Argentinas, el Sector Público Nacional cerraría 2026 con un excedente financiero estimado en $2.734.029.655.055. Para alcanzar ese resultado, el cálculo de los recursos totales fue fijado en $148,29 billones, mientras que el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo período asciende a $148,06 billones, lo que refleja un margen ajustado pero consistente con el objetivo de superávit.
Distribución
En lo que respecta a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor asignación presupuestaria, con un total de $106,52 billones. Detrás de ese rubro se ubica el pago de la deuda pública, que insumirá $14,11 billones, seguido por los Servicios Económicos con $11,45 billones, la Administración Gubernamental con $8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad, que recibirán $7,11 billones.
Presupuesto 2026: las partidas establecidas
La ley también establece partidas específicas para áreas sensibles. Para el funcionamiento y los programas de las universidades nacionales se asignaron $4,78 billones, aunque el texto aclara que las instituciones deberán presentar información detallada sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación. El incumplimiento de ese requisito podría derivar en la interrupción de las transferencias, en línea con la política de control y rendición de cuentas impulsada por el Ejecutivo.
En materia previsional, el Presupuesto contempla $212.288 millones destinados al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES, además de $122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional. Estas partidas buscan atender compromisos acumulados sin alterar el equilibrio general de las cuentas públicas.
Finalmente, la norma habilita al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $70 billones y fija límites para el uso transitorio de crédito a corto plazo, con topes de $4 billones para la Tesorería General de la Nación y $2,5 billones para otros instrumentos. Al mismo tiempo, impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, que requerirá autorización previa de la Jefatura de Gabinete, y mantiene exenciones impositivas para vacunas y medicamentos vinculados a programas sanitarios nacionales.
