El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de febrero, luego de varios meses marcados por amenazas desde la Casa Blanca en el marco de la política antidrogas impulsada por Washington.
Según precisó el propio Petro, el encuentro se realizará el 3 de febrero y será determinante para la relación bilateral. “El debate de los Gobiernos, de los presidentes, ha terminado con la posibilidad de reunión”, sostuvo el jefe de Estado colombiano, de acuerdo con un informe citado por la Agencia Noticias Argentinas.
Petro aseguró que la reunión con Trump tiene como objetivo principal llevar tranquilidad al pueblo colombiano y aclarar versiones que, según denunció, fueron difundidas por sectores de la oposición ante autoridades estadounidenses. En ese sentido, afirmó que se trata de “mentiras” sobre su gestión y su política de seguridad.
El mandatario colombiano sostuvo que el encuentro permitirá que el presidente y las autoridades de Estados Unidos conozcan de primera mano el trabajo realizado por su Gobierno en la lucha contra los narcóticos. “Por fin hay una comunicación que permite saber realmente qué está pasando”, remarcó.
Cocaína y fentanilo en el centro del debate
Si bien Petro reconoció que Colombia continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína, subrayó que el avance del fentanilo en Estados Unidos constituye un problema de salud pública cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Gobierno norteamericano.
“Tenemos que lograr que eso no entre en Colombia”, afirmó el presidente, al tiempo que calificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”. En ese marco, aseguró que la Fuerza Pública tiene como prioridad identificar redes criminales que intenten ingresar y comercializar esta sustancia en el país.
Un reclamo por cooperación económica
Por último, Petro planteó que, si Estados Unidos pretende cooperar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico, debería comenzar por comprar los productos de los campesinos que sustituyeron voluntariamente sus cultivos ilícitos, en una señal de respaldo concreto a las políticas de reconversión productiva.
