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POLÍTICA

Javier Milei acorralado: la Justicia le puso fecha límite a la ejecución de la Emergencia en Discapacidad

 

La Justicia de Campana le pidió al gobierno de Javier Milei que demuestre que está en vías de cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad.

 
Javier Milei
Javier Milei

La Justicia de Campana intimó al Gobierno nacional para que acredite avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que ya cuenta con plena vigencia legal. El requerimiento judicial se da ante la demora del Ejecutivo en ejecutar una ley que fue aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego revertida con dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

En su resolución, informó el periodista Ariel Zak, el juzgado le otorgó al Estado un plazo de cinco días para que informe y documente el estado de los trámites administrativos destinados a cumplir con la sentencia. El fallo exige precisiones sobre actuaciones internas y sobre los puntos reclamados por la ACIJ y la Asesora de Menores.

Exigencias concretas del fallo

La intimación ordena detallar el avance de las actuaciones administrativas vinculadas a la Ley 27.793, bajo apercibimiento de ley. La Justicia fue explícita al señalar que el Ejecutivo debe demostrar que se encuentra efectivamente en vías de cumplimiento, y no solo en instancias preliminares.

El tribunal recordó que la norma establece un plazo máximo de 30 días para su reglamentación, plazo que, según el expediente, ya comenzó a correr tras una resolución judicial dictada en diciembre de 2025. La demora oficial fue considerada incompatible con el carácter urgente de la emergencia declarada.

Fecha límite para la plena ejecución

En un punto central del fallo, el Poder Judicial fijó una fecha límite para la aplicación total de la ley. Según la resolución, la Emergencia en Discapacidad deberá estar 100% ejecutada el 4 de febrero de 2026, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva un tribunal superior.

La decisión refuerza la obligación del Estado de cumplir una ley sancionada por el Congreso de la Nación, incluso después de haber insistido en su vigencia tras el veto presidencial. El caso vuelve a exponer la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con los derechos de las personas con discapacidad en el centro del conflicto institucional.