El presidente Javier Milei vetó durante 2025 siete leyes impulsadas por la oposición, tras ser sancionadas por el Congreso, en un escenario de mayoría circunstancial opositora, al considerar que comprometían el equilibrio fiscal y carecían de financiamiento. Fue uno de los ejes centrales del conflicto político previo a las elecciones de octubre.
El primer veto relevante fue el 23 de junio, mediante el decreto 424, cuando el Ejecutivo anuló la ley que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires tras el temporal que afectó a Bahía Blanca y Coronel Pringles. La norma preveía un fondo de 200 mil millones de pesos y se aprobó con amplia mayoría en Diputados.
Discapacidad y jubilaciones, el núcleo del conflicto social
El 4 de agosto, a través del decreto 534, Milei vetó tres leyes clave. La emergencia en Discapacidad, el incremento excepcional a jubilaciones y pensiones y la prórroga de la moratoria previsional. El argumento central fue que no se habían establecido fuentes de financiamiento para cubrir su impacto fiscal.
La emergencia en Discapacidad buscaba actualizar aranceles de prestadores, fortalecer pensiones y garantizar compatibilidad con empleo formal. En tanto, la ley jubilatoria restituía el 7,2% perdido en el cambio de fórmula y elevaba el bono de 70 mil a 110 mil pesos, ajustable por inflación.
Universidades, Garrahan y fondos a provincias
En agosto, el Presidente volvió a recurrir al veto con el decreto 647 para anular la ley de financiamiento universitario, y que obligaba a actualizar gastos de funcionamiento y salarios docentes según el IPC. Una norma similar se vetó en 2024.
En el mismo decreto se incluyó el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada en medio de la crisis del Hospital Garrahan. La iniciativa buscaba recomponer salarios de residentes y eximir de Ganancias las horas de guardia y extras del personal de salud.
La séptima ley vetada fue la que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estableciendo su transferencia automática a las provincias. El veto se oficializó el 12 de septiembre mediante el decreto 652, para evitar —según el Ejecutivo— una pérdida de discrecionalidad fiscal.
La única norma opositora que Milei decidió no vetar fue la Ley Nicolás, orientada a mejorar protocolos médicos y reducir casos de mala praxis. Se terminó promulgando en octubre de 2025.
