El debate por la Ley Penal Juvenil sumó un nuevo frente de discusión en el Congreso de la Nación luego de que diputados reclamaran que el Gobierno nacional explique cómo será el financiamiento de los cambios propuestos. El planteo lo impulsó el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien solicitó formalmente un informe de costo fiscal previo al tratamiento parlamentario.
El reclamo de Ferraro
A través de su cuenta en X, Ferraro preguntó: “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, en referencia a los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil que se debatirán en el período de sesiones extraordinarias. Ferraro informó que pidió a las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal que intervenga la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El pedido se dirigió al titular de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, para que requieran la estimación del impacto y costo presupuestario de las iniciativas y de la Orden del Día 787-143, considerada antecedente directo en la materia.
En su mensaje, el legislador remarcó que la responsabilidad fiscal debe ser un criterio uniforme en el tratamiento de leyes. “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”, sostuvo. Y recordó que en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se elaboró un informe similar cuando se discutieron proyectos sobre régimen penal juvenil.
Qué dice la nota presentada
En la nota formal presentada en Diputados, el ‘lilito’ señaló que el requerimiento se apoya en la Ley 27.343, que establece entre las funciones de la OPC la realización de estimaciones de impacto presupuestario a pedido de las comisiones. Argumentó además que, dado que el Poder Ejecutivo incluyó el tema en el temario de extraordinarias, resulta clave contar con ese cálculo antes de iniciar el debate.
El planteo también incluyó una crítica política al oficialismo, al señalar que los bloques que respaldan al gobierno de Javier Milei suelen exigir fuentes de financiamiento para habilitar proyectos. Según Ferraro, ese mismo criterio debería aplicarse ahora a las iniciativas impulsadas o acompañadas por el Poder Ejecutivo.
