El Gobierno de Javier Milei definió una nueva agenda legislativa para febrero, en el Congreso, con un segundo llamado a sesiones extraordinarias, para avanzar con reformas estructurales consideradas prioritarias por el Poder Ejecutivo. La ventana prevista va del 2 al 27 de febrero, según confirmaron fuentes oficiales.
Luego de la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, quedaron pendientes otros proyectos incluidos en el temario original. El oficialismo buscará aprobar la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma laboral y los cambios a la Ley de Glaciares, que ya cuentan con dictamen.
La “regla fiscal” y la ley de Glaciares
La denominada “regla fiscal” apunta a establecer sanciones a funcionarios y directores de bancos públicos que incurran en gasto excesivo o prácticas de emisión distorsiva. El objetivo es consagrar por ley el principio libertario de no gastar más de lo que ingresa, que el Gobierno ya aplica desde el inicio de la gestión.
En cuanto a la reforma de la Ley de Glaciares, el proyecto propone descentralizar el control en las provincias y destrabar inversiones mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares. La iniciativa mantiene la protección de los glaciares, pero elimina restricciones en áreas de alta montaña que hoy limitan nuevos desarrollos.
La reforma laboral, el eje político de febrero
La reforma laboral es la principal apuesta del oficialismo para el inicio de 2026. El proyecto busca reducir costos laborales y litigiosidad, y ya cuenta con dictamen en el Senado. La fecha tentativa para su tratamiento es el 10 de febrero, según adelantó Patricia Bullrich.
Entre los puntos más conflictivos figuran la eliminación de las cuotas solidarias y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. La prioridad de los convenios por empresa y cambios en indemnizaciones. Finalmente, la reducción de contribuciones patronales y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral como sistema de cese.
También se incluyen el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y modificaciones en los plazos de preaviso. También la eliminación de la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, aspectos que generan un fuerte rechazo sindical.
