El Gobierno nacional, a través del ministro Luis Caputo, avanzó con la licitación y reprivatización de centrales energéticas estratégicas en la Patagonia. El objetivo es obtener dólares de corto plazo para cumplir compromisos financieros, en un contexto de fuerte urgencia externa.
En consecuencia, cuatro represas hidroeléctricas que generan cerca del 15% de la energía del país fueron concesionadas por 30 años. Sin embargo, el proceso dejó al descubierto que los principales beneficiarios son grupos empresarios locales con vínculos directos con el entorno presidencial.
Quiénes ganan las licitaciones clave
Por un lado, el Estado recaudó unos 700 millones de dólares, un monto considerado bajo frente al valor estratégico de los activos. Por otro lado, se retiraron empresas transnacionales que operaban las represas, mientras el control quedó en manos de nuevos actores nacionales.
Entre ellos aparece Edison Energía, un consorcio integrado por empresarios cercanos a Santiago Caputo, asesor central del presidente Javier Milei. Así, dos de las centrales más importantes pasaron a manos de este grupo, que ya controla distribuidoras eléctricas en varias provincias.
Un nuevo mapa de poder energético
Además, una de las represas quedó bajo control de Central Puerto, históricamente vinculada al grupo Caputo, mientras que otros activos fueron adjudicados a empresarios que crecieron al calor del macrismo. De este modo, se consolida un nuevo núcleo de poder en el sector energético.
Mientras tanto, la licitación avanzó sin un debate profundo en el Congreso ni cuestionamientos relevantes a nivel nacional. Sin embargo, en las provincias involucradas comenzaron a surgir críticas por el precio de las concesiones y la duración de los contratos.
Finalmente, el esquema expone una lógica reiterada: Caputo licita y los amigos del poder se quedan con los activos, redefiniendo el control de recursos estratégicos por décadas. Así, más allá de la coyuntura financiera, el proceso sienta las bases de una nueva elite energética en la Argentina.
