El Gobierno nacional modificó por DNU la Ley de Inteligencia, ampliando facultades operativas del sistema, entre ellas la posibilidad de aprehender personas en situaciones de flagrancia, lo que generó críticas desde sectores políticos y técnicos.
En diálogo con Jean Libares en El Observador 107.9, el exdirector de la SIDE Miguel Ángel Toma calificó la medida como “inoportuna y antifuncional”, y sostuvo que el decreto “va a generar debates falsos” que desvían el foco de los verdaderos objetivos del sistema de inteligencia.
Críticas al contenido del decreto
“Es absolutamente legal que cualquier civil detenga a alguien en flagrancia y lo ponga a disposición de la Justicia. Eso ya está contemplado en la ley”, explicó Toma, al cuestionar la necesidad de incorporar ese punto en un decreto presidencial.
En ese sentido, remarcó: “¿Para qué ponerlo en un DNU cuando ya está establecido? Mucho más tratándose de funcionarios públicos”. Para el exfuncionario, el problema no es el contenido en sí, sino el impacto político que genera.
Defensa de la ley vigente
Toma recordó que la Ley 25.520, actualmente modificada por el decreto, fue producto de un consenso transversal durante el gobierno de Fernando de la Rúa. “Yo era opositor y presidía la comisión bicameral de inteligencia. Trabajamos todas las fuerzas políticas y salió una ley con casi cien por ciento de consenso”, subrayó.
Desde su mirada, alterar esa norma mediante un DNU “juega en contra de la propia finalidad de la inteligencia”, que debe enfocarse en combatir “el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el espionaje de otras potencias y el contrabando de armas”.
Finalmente, concluyó que la necesidad de actualizar la legislación es real, pero advirtió que hacerlo “tan mal que genera confusión y debates innecesarios” termina siendo contraproducente. “Una buena idea termina transformándose en una pérdida”, sentenció.
