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POLÍTICA

“No podrán realizar designaciones”: el Gobierno nacional congeló contrataciones y fijó excepciones

 

El Ejecutivo prorrogó la suspensión de ingresos al Estado mediante el decreto 934/2025, aunque habilitó altas puntuales en áreas consideradas estratégicas.

 
Gobierno

El Gobierno nacional oficializó la extensión de la suspensión de las contrataciones en el sector público a través del decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el marco de la política de reducción y control del gasto estatal.

Según la normativa, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”. La medida abarca plantas transitorias, contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, contratos laborales, locaciones de servicios profesionales y designaciones transitorias en cargos de planta permanente, incluso cuando se financien con fuentes extrapresupuestarias.

El decreto también incluye las contrataciones alcanzadas por estatutos especiales, reforzando el criterio de congelamiento generalizado del empleo estatal durante 2026.

Las excepciones previstas y el mecanismo de control

La norma contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas, entre ellas universidades nacionales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Servicio Penitenciario Federal, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, hospitales nacionales, institutos de investigación del Ministerio de Salud, personal de gabinete y cargos ejecutivos o jefaturas bajo el régimen SINEP.

En esos casos, el Ejecutivo fijó una relación obligatoria de dos bajas por cada alta, computando renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos producidas durante 2026. Quedan excluidas de ese cálculo las bajas por retiros voluntarios o acuerdos de desvinculación.

Validación previa y línea fiscal

Cada incorporación excepcional deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Reforzando así el control centralizado sobre la dotación de personal.

La medida se inscribe en la estrategia oficial de ordenar la administración pública y limitar el crecimiento del gasto estructural. También sostener el equilibrio fiscal sin afectar áreas sensibles para el funcionamiento del Estado.