El senador nacional por la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, brindó este miércoles declaraciones sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El exgobernador de Chaco acusó a los mandatarios provinciales que la apoyan de ser «poco responsables».
En una entrevista a Radio 10, Capitanich dijo que dichos gobernadores provinciales no priorizan la «defensa estratégica de sus recursos mientras se desmiembran sus resultados fiscales y la coparticipación disminuye». A su vez, deslizó que si le dan el visto bueno es a cambio de apoyos discrecionales del Gobierno de Javier Milei.
«Una reforma tributaria de carácter encubierto»
El legislador de la Cámara Alta por el bloque Unión por la Patria afirmó que la reforma no pretende el blanqueo de la fuerza laboral que permanece en la informalidad ni contribuye a generar trabajo en blanco. También dijo que favorece a las grandes empresas con reducciones impositivas que afectan a las provincias.
«Las provincias y los municipios se verán perjudicados. Hay una reducción del impuesto a las ganancias y de recursos coparticipables» apuntó el legislador de la Cámara Baja por el bloque de Unión por la Patria. A la vez que agregó: «Hay una reforma tributaria de carácter encubierto». Sobre esta reducción impositiva, Capitanich expresó que el proyecto propone la reducción de «una masa total de 7 billones de pesos en impuestos a las sociedades comerciales.».
La reforma laboral debilita a los sindicatos
Capitanich profundizó su visión de que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei tiene por objetivo debilitar a los sindicatos y la posición de los trabajadores, ya que a la vez que se desfinancian a las provincias, también se busca hacer lo propio con las obras sociales de los gremios.
Asimismo, el senador consideró que el proyecto no aporta soluciones ni incentivos para blanquear a la fuerza de trabajo que se encuentra en la informalidad, o en relaciones de dependencia encubiertas, como sucede con los trabajadores de aplicaciones.
Desde su posición, Jorge Capitanich propone generar incentivos para el blanqueo del trabajo a través de una reforma del régimen simplificado de impuestos. También estímulos fiscales para las microempresas, que se cuentan, según el legislador, en 479 mil en todo el país y representan uno de los principales formadores de empleo.
