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POLÍTICA

Revés para Javier Milei: diputados pidieron frenar el DNU que modifica el sistema de inteligencia

 

Legisladores opositores presentaron un amparo para suspender el decreto que reforma la SIDE y cuestionaron la falta de urgencia y el avance sobre facultades penales.

 
Javier Milei
El peronismo acusó a Milei de impulsar un sistema ilegal de espionaje tras el DNU 941/2025, que reformó la inteligencia sin aval del Congreso.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo judicial para pedir la suspensión del DNU 941/2025. Es que el Gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Inteligencia, al considerar que la norma es inconstitucional y vulnera principios básicos del sistema republicano.

La iniciativa solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable del decreto. Además, reclama una medida cautelar para frenar de manera inmediata sus efectos y la vigencia de toda normativa dictada en su consecuencia, mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Cuestionamientos constitucionales al decreto

Según explicaron los legisladores, el DNU no cumple con los requisitos del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional. En ese sentido, afirmaron que no existió ni existe necesidad ni urgencia que justifique eludir el tratamiento parlamentario de una reforma de esta magnitud.

Asimismo, señalaron que el decreto avanza sobre materias expresamente vedadas al Poder Ejecutivo. En particular, advirtieron que otorga atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando de hecho el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación.

El rol del Congreso y el control democrático

Por otro lado, Ferraro remarcó que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar con normalidad. En consecuencia, sostuvo que una temática tan sensible como la inteligencia estatal requiere deliberación parlamentaria, equilibrio institucional y control democrático.

Finalmente, los diputados alertaron que evitar el debate legislativo debilita la legitimidad democrática de la norma. Así, el planteo judicial representa un nuevo revés político para el Gobierno. Ahora deberá enfrentar la revisión judicial del decreto mientras crece la discusión sobre los límites del uso de los DNU.