El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) quedó en el centro de la escena tras cancelar deudas personales por $825 millones en apenas 18 días, una suma que equivale a más de 80 sueldos netos de su cargo. El episodio se produce en medio de una gestión atravesada por denuncias de irregularidades en la empresa estatal que administra Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según informó NA, con datos del Banco Central, el funcionario había sido catalogado hasta mediados de enero como de “alto riesgo de insolvencia”. Sin embargo, en menos de tres semanas logró eliminar por completo sus pasivos con una entidad bancaria privada, un movimiento que despertó interrogantes en el ámbito político y empresarial.
Contrataciones bajo sospecha
La rápida cancelación de las deudas coincidió con un período de fuerte cuestionamiento a la transparencia en las contrataciones de NA-SA. Bajo la actual conducción, la empresa habría adjudicado contratos por más de $20.000 millones, lo que encendió alertas sobre los mecanismos internos de control.
Fuentes vinculadas a la operatoria aseguran que existirían irregularidades sistemáticas en los pagos, con versiones que hablan de comisiones del 5% exigidas a proveedores para liberar desembolsos. De confirmarse, ese esquema representaría cifras cercanas a los $1.000 millones.
Crisis interna y pedidos de auditoría
El frente interno de la compañía también muestra señales de crisis de gobernanza, tras la remoción del gerente general Marcelo Famá y del responsable de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos ligados a la presidencia de la entidad. Las salidas se dieron en el marco de investigaciones internas por presunto direccionamiento de licitaciones.
Entre los casos analizados figura la migración del sistema SAP a HANA, que pasó de un presupuesto inicial de USD 600.000 a una adjudicación final de USD 7 millones, además de licitaciones con pliegos a medida y sobreprecios significativos. En este contexto, crecen los reclamos por una auditoría externa independiente, en línea con la consigna oficial de que la transparencia debe ser una regla innegociable.
