El gobierno de Tierra del Fuego anunció este miércoles que judicializó la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad contra el Gobierno Nacional. El mandatario local, Gustavo Melella, reveló la noticia y aseguró que el accionar de la actual gestión «es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo«.
La demanda se presentó ante la Justicia Federal y argumenta que la resolución del gobierno de Javier Milei es inconstitucional porque «usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de los recursos económicos propios«. La denuncia apunta directamente contra la resolución 4/2026 publicada por el Gobierno Nacional.
Melella explotó contra el Gobierno Nacional
Por su parte, Melella se pronunció en redes sociales sobre la demanda y afirmó: «La intervención generó un sistema financiero por fuera del control provincial, desviando recursos que pertenecen a los fueguinos y poniendo en riesgo puestos de trabajo«. En este sentido, adelantó que solicitó una medida cautelar para «evitar el daño irreparable derivado de la sustracción diaria de recursos».
Presenté una acción judicial ante la Justicia Federal para anular la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta sin sustento constitucional, y solicitar su cese inmediato. pic.twitter.com/OchzgGBSbx
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026
«Los argumentos del Gobierno son falsos. No hay malversación, desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está correctamente auditado», enfatizó luego Melella y agregó: «Hoy se hace con el puerto, pero en el futuro podían hacerlo con cualquier institución o provincia«. «Defender Tierra del Fuego es defender el federalismo y la democracia», sentenció.
El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia
En la disposición publicada el pasado 22 de enero, el Gobierno sostuvo que concluyó que el puerto tenía «un deterioro significativo en sus infraestructura, carecía de señalización eficiente e incumplía protocolos, así como los estándares mínimos nacionales e internacionales de tecnología y seguridad».
La gestión de Javier Milei atribuyó esto a un «desbalance en los préstamos otorgados» y denunció que el gobierno local «destinó un 33% del presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% a la ejecución de obras«. La medida tiene validez de un año, tras el cual se realizará un nuevo relevamiento para determinar si la intervención continúa o, por el contrario, termina.
