El senador nacional Jorge Capitanich lanzó una dura advertencia contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y aseguró que el proyecto “va a desfinanciar a las provincias”. En diálogo con El Destape, sostuvo que la iniciativa esconde una reforma tributaria encubierta con fuerte impacto fiscal negativo.
El exgobernador del Chaco explicó que la propuesta oficial combina cambios en el régimen laboral con la eliminación y reducción de impuestos que hoy sostienen la coparticipación federal. Según detalló, la medida perjudica directamente a provincias y municipios, además de afectar derechos de los trabajadores.
Capitanich señaló que la iniciativa elimina impuestos internos y reduce tributos a sociedades comerciales. Estimó que ese esquema implicaría una pérdida fiscal cercana a 548 millones de dólares. Además, advirtió que la baja de contribuciones patronales del 6% al 5% provocaría un desfinanciamiento adicional de 1.500 millones de dólares.
Cuestionamientos al impacto social y económico de la reforma
El senador alertó que la reducción de aportes patronales pone en riesgo a las obras sociales sindicales. Según explicó, el objetivo sería intervenirlas y debilitar el sistema sanitario. También advirtió sobre un fuerte golpe al sistema de seguridad social, que afectaría a jubilados y pensionados.
Capitanich remarcó que la reforma no genera empleo y que no existe relación directa entre bajar contribuciones y aumentar puestos de trabajo. Afirmó que el modelo se apoya en la destrucción del salario, la precarización laboral y una distribución regresiva del ingreso.
Advertencia a gobernadores e intendentes
El legislador pidió a gobernadores e intendentes que rechacen el proyecto. Aseguró que, si no lo hacen, estarán avalando su propio desfinanciamiento. También cuestionó la falta de inversión nacional en obra pública, salud y educación en las provincias.
Capitanich anticipó que el bloque justicialista analiza acciones judiciales si la reforma avanza. Sostuvo que el proyecto viola la Constitución, ya que incluye cambios tributarios que deberían tratarse en Diputados. “Es un avasallamiento de derechos con consecuencias sociales graves”, concluyó.
