A un año del escándalo de $LIBRA, la criptoestafa que generó un fuerte impacto político y judicial vuelve al centro de la escena. El episodio quedó marcado como uno de los hechos más resonantes de la gestión de Javier Milei, luego de la difusión en redes sociales de la memecoin que terminó desplomándose en cuestión de horas.
El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, el Presidente publicó un mensaje en el que promocionaba el lanzamiento del token como una herramienta para financiar proyectos tecnológicos. Tras la publicación, unas 44.000 personas en todo el mundo compraron la criptomoneda, cuyo valor cayó más de un 85% poco después, en lo que en el mundo cripto se conoce como “rug pull” o “estafa de salida”.
Tras el episodio, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una comisión especial en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro, para determinar el grado de participación de Milei y su entorno. La causa quedó inicialmente a cargo de la jueza María Servini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano.
Las primeras denuncias penales por presunta estafa y asociación ilícita se presentaron el 17 de febrero de 2025. Según datos difundidos por agencia Noticias Argentinas, se registraron miles de damnificados en todo el mundo, incluida Argentina.
Los nombres clave y las sospechas
En la investigación aparecieron como figuras centrales los desarrolladores Hayden Davis y Mauricio Novelli, señalado como nexo con el entorno presidencial tras registrarse ingresos a la Casa Rosada autorizados en su mayoría por Karina Milei. La Justicia también detectó movimientos en billeteras digitales vinculadas a los creadores del token.
Davis, CEO de Kelsier Ventures, fue identificado como uno de los principales impulsores del proyecto. En paralelo, surgieron mensajes en los que se jactaba de tener influencia en el Gobierno argentino, lo que profundizó las sospechas en la causa.
Una causa sin declaraciones y con frentes abiertos
Actualmente el expediente está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de pasar por distintos despachos. La Cámara Federal ordenó actualizar los montos de embargo tras un planteo de la querella impulsada por Juan Grabois.
Además, la Justicia debe resolver si acepta nuevos querellantes internacionales, mientras avanza otra demanda colectiva en Estados Unidos ante la jueza Jennifer Rochon. Entre los denunciados también figura un ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
A doce meses del hecho, el Gobierno sostiene que no existió vinculación con los desarrolladores ni beneficios económicos. Desde el entorno presidencial reiteran que se trató de un conflicto entre privados y que Milei solo difundió el proyecto en sus redes sociales.
Sin embargo, el informe final de la comisión investigadora de Diputados concluyó que existió una “colaboración imprescindible” del mandatario en la promoción del token y sugirió avanzar con un eventual juicio político, mientras la causa judicial sigue abierta y sin citaciones a declaración hasta el momento.
