En la antesala del debate por la reforma laboral que comenzará este miércoles a las 11 en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias, de la que participó El Intransigente. La legisladora estuvo acompañada por senadores oficialistas y referentes de bloques aliados que adelantaron su acompañamiento al proyecto.
Bullrich destacó que se trata de una iniciativa construida con amplio consenso político y afirmó que “hace muchísimos años, desde el principio de la democracia, que la Argentina viene trabajando la posibilidad de adecuar sus normas laborales”. En ese sentido, subrayó que el proyecto busca aggiornar el marco legal a los cambios del mercado de trabajo.
Un acuerdo amplio para una reforma clave
Durante su exposición, la senadora remarcó que “un gran bloque, de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia que realmente va a ser un cambio estratégico”. Según precisó, el dictamen cuenta con el respaldo de 44 senadores y reúne aportes de diversas fuerzas políticas y provincias.
Acompañaron la conferencia el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y el senador del PRO, Martín Goerling, entre otros dirigentes que confirmaron su apoyo. Bullrich sostuvo que la reforma “se construyó con muchas horas de trabajo” y que incluye “28 modificaciones consensuadas que llegaron a buen puerto después de meses de diálogo”.
El eje en la eliminación de la “industria del juicio”
Uno de los puntos centrales del proyecto, según explicó Bullrich, es la eliminación de la denominada industria del juicio. “A lo largo de los años se hizo una industria del juicio que ha cerrado empresas y hundido capitales, mientras solo algunos se han beneficiado”, señaló con dureza.
En esa línea, advirtió que se registraron “deformaciones tan grandes que un juicio de 3 millones de pesos pase a 300 millones”. Por eso, aclaró que el dictamen establece “qué puede judicializarse y qué no” y contempla “sistemas de protección para que desaparezca la industria del juicio”, sin afectar derechos laborales básicos.
