La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, respaldó con firmeza el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen. Hasta aseguró que se trata de “una necesidad fundamental para la Argentina”. La iniciativa será tratada en el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias y forma parte del paquete de reformas en materia de política criminal impulsadas por el oficialismo.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Monteoliva sostuvo que “el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad es una necesidad fundamental para avanzar en el abordaje de los delitos que cometen menores y por supuesto la necesidad de la respuesta del Estado ante este conjunto de situaciones”. Según explicó, la propuesta no se limita a un cambio punitivo sino que incorpora herramientas de intervención temprana, contención y formación. Y marcó que la discusión debe darse sin prejuicios ideológicos y con foco en las víctimas y en la prevención de la reincidencia.
La ministra subrayó además que la Argentina se encuentra entre los países con parámetros más altos de la región en cuanto a edad de imputabilidad penal juvenil. “Más allá de la evidencia y la orientación de las políticas criminales en este sentido, en Latinoamérica somos hasta este momento de los países con la edad más alta. Sacando Brasil, el resto tienen edades entre los 14 y 13 años”, afirmó. Consideró que este desfasaje genera dificultades operativas y legales para actuar ante delitos graves cometidos por menores y debilita la capacidad de respuesta del sistema judicial.
“Busca promover la reeducación y la resocialización”
La funcionaria remarcó que el proyecto oficial pone el acento en la reeducación y no en el castigo tradicional. “La prioridad es que este tema se tome en serio por primera vez para trabajar en ese sentido y fomentar la responsabilidad legal de los menores frente a esos actos”, expresó. Y enfatizó: “El proyecto busca promover la educación de estos menores, la resociabilización. En ningún momento se planteó incluirlos o colocarlos en lugares donde pagan condena los adultos”, dijo, en disidencia con las críticas opositoras y de organismos de derechos humanos.
Monteoliva describió que la iniciativa contempla dispositivos específicos y programas obligatorios de acompañamiento. “En el proyecto está contemplado que haya programas de formación, de capacitación laboral, programas socioeducativos. Hay que dar una respuesta integral en ese sentido”, afirmó. Bajo este esquema, la eventual responsabilidad penal juvenil estaría acompañada por trayectos educativos y laborales supervisados, en pos de reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social.
También insistió en que el cambio de régimen obliga a revisar la infraestructura penitenciaria y los sistemas provinciales de alojamiento. “En todo momento se está conversando con las provincias y se sabe que los servicios penitenciarios tienen serios problemas de infraestructura y necesitan inversión”, reconoció. Sin embargo, defendió la necesidad de ampliar capacidades: “Esa inversión ha cambiado tanto el paradigma en los servicios penitenciarios. Construir una cárcel era tabú, pero es la respuesta que hay que dar”, sostuvo de forma directa.
Críticas al “delito romantizado” y foco en las víctimas
Monteoliva cuestionó lo que definió como miradas indulgentes sobre el delito juvenil y pidió un giro en el enfoque público. “Para encaminar el abordaje de la seguridad y las cargas ideológicas, el delito romantizado, hay que estar del lado de las víctimas y darles respuestas a ellas”, expresó de manera contundente. Con esa definición, buscó instalar que la reforma apunta a equilibrar garantías, responsabilidad y protección social, sin dejar zonas grises frente a hechos graves.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad promete fuerte discusión parlamentaria y social en las próximas semanas. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional aseguran que el proyecto “toma en serio este tema por primera vez” y que permitirá ordenar la intervención estatal frente a menores involucrados en delitos, combinando sanción, educación y resocialización en un mismo marco normativo.
