El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes las audiencias por la Causa de los Cuadernos, el juicio que investiga una presunta red de sobornos durante los gobiernos entre 2003 y 2015. En el inicio de esta etapa, el empresario Mario Rovella sorprendió con un fuerte reclamo para invalidar las pruebas que lo involucran.
El dueño de la firma Rovella Carranza S.A. presentó, a través de su abogado, un pedido de nulidad contra su declaración como “imputado colaborador”. La defensa sostiene que los investigadores originales de la causa obtuvieron el testimonio del empresario bajo “coacción”.
La defensa de Rovella afirmó con contundencia que lo amenazaron con dejarlo detenido y que esa presión “doblegó” su voluntad. Para el abogado del empresario, este método de presionar a los acusados para que confiesen a cambio de su libertad representó un “mecanismo incompatible con el Estado de Derecho” que se aplicó de manera repetida en este proceso.
Este planteo se suma a las críticas que formularon otros imputados, entre ellos los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido. Los defensores cuestionaron el uso de la figura del “arrepentido” y denunciaron irregularidades al iniciar la investigación.
Rovella ofreció plata para desvincularse de la causa
En sus declaraciones anteriores, Mario Rovella había admitido la existencia de pagos ilegales, aunque los describió simplemente como “aportes” destinados a campañas políticas. Tras denunciar que fue forzado a declarar, buscan que esa declaración pierda validez legal ante el tribunal.
Como estrategia para resolver su situación judicial de forma definitiva, el empresario realizó una propuesta económica al tribunal. Rovella “ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares” con la intención de que se extinga la acción penal en su contra.
La acusación general del caso sostiene que operó un sistema de recaudación en el que empresas de energía, transporte y construcción entregaron dinero a cambio de beneficios para sus negocios. El tribunal ahora analizará los pedidos de Rovella y de otros imputados, como Ricardo Jaime y Roberto Baratta, y luego definirá cómo seguirá el juicio.
Finalmente, una vez resueltos estos pedidos preliminares, los jueces darán paso a la fiscalía y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para definir si se avanza con la producción de nuevas pruebas e indagatorias. La decisión sobre el planteo de Rovella será clave para determinar el futuro de los demás empresarios «arrepentidos» en la causa.
