La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este domingo el decreto 5248 que dispone el cierre y la liquidación de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos. La medida busca reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia y adecuarlo a “nuevas directrices y políticas de orden social”, según el Gobierno.
Entre los entes que desaparecen se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar la coordinación de información sobre seguridad, defensa, inteligencia y relaciones exteriores. También se cierra la Fundación Propatria 2000, que ejecutaba obras de infraestructura y recibió múltiples denuncias de corrupción, como el polémico proyecto “Gimnasios Verticales”, adjudicado a empresas sin experiencia con vínculos irregulares.
La Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, dedicada a proyectos de formación y emprendimiento juvenil, también será eliminada, junto con la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas). En los últimos años, estas entidades registraron irregularidades, contrataciones directas sin licitación y obras inconclusas o sobrevaloradas, como el mausoleo de Bolívar y otros proyectos emblemáticos.
Proceso de liquidación y supervisión
El decreto ordena el inicio inmediato del proceso de liquidación administrativa, revisión de bienes y adecuación institucional. Se conformará una junta supervisora para garantizar el cierre formal de los organismos y la correcta redistribución de recursos y responsabilidades dentro del Ejecutivo venezolano.
Con esta medida, Delcy Rodríguez busca consolidar un esquema de gestión más eficiente, eliminando estructuras heredadas del chavismo y centralizando funciones estratégicas. La decisión también refleja la intención de marcar diferencias con la administración previa y reforzar el control político y administrativo del Gobierno.
Repercusiones y críticas
El cierre de estos siete entes públicos ha generado repercusiones inmediatas en la política venezolana. Sectores opositores y analistas destacan que la medida apunta a eliminar organismos con denuncias de corrupción, mientras que otros la interpretan como un paso hacia la concentración del poder en el Ejecutivo.
El Gobierno informó que la supervisión del proceso de cierre será estricta y que los funcionarios involucrados deberán rendir cuentas de los bienes y contratos pendientes. La medida busca, además, sentar un precedente de control administrativo y eficiencia dentro de la estructura gubernamental, mientras se avanza en la reorganización de la administración pública en Venezuela.
