(Por Diego Nofal).- En la vecina Catamarca, el gobernador Raúl Jalil ha llevado las usurpaciones de tierras a un nivel casi institucional que ya no sorprende a nadie. Desde mucho antes de su gestión estas prácticas eran moneda corriente, pero con él recibieron el extraño título de política de Estado. Mi abuela solía decir aquello de “para muestra basta un botón” y el botón más fresco es el acueducto que llevaba agua justamente a su casa.
Fueron apenas algunos cientos de metros usurpados sin las expropiaciones correspondientes, pero tratándose del propio mandatario la anécdota dejó de ser menor. Hoy, sin embargo, ese gesto casi doméstico queda opacado por una dimensión mucho más escandalosa que merece nuestra atención desde Salta.
Estamos hablando de veinticinco mil hectáreas, una superficie que supera incluso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus veinte mil hectáreas. Para que el lector salteño dimensione el tamaño del patrimonio ajeno convertido en botín oficial, imagine veinticinco veces el centro de nuestra capital o toda el área productiva de varios departamentos juntos.
Este dato no es una exageración opositora sino la medida exacta del campo que la justicia ordenó desalojar y que el gobierno catamarqueño se niega a devolver. El dueño legítimo, Gustavo Adrián Gutiérrez, lleva cuatro décadas reclamando lo que siempre fue suyo mientras el Estado mira hacia otro lado. El cinismo de esta administración alcanza niveles tan grotescos que merecen cuando menos una reflexión con algún dejo de ironía.
Hace cuarenta años, la familia Gutiérrez fue despojada de sus tierras mediante una falsificación de matrícula catastral que habilitó a unos usurpadores a instalarse como propietarios. Lo que podría haber quedado en un mero trámite burocrático se convirtió en una lucha interminable porque el verdadero dueño jamás cesó en su reclamo.
Esa persistencia evitó que los ocupantes ilegales pudieran completar la prescripción adquisitiva y quedarse definitivamente con el campo. Finalmente, la justicia dio la razón al propietario y ordenó el desalojo inmediato de quienes hoy explotan esas hectáreas sembradas de papas y otros cultivos. Pero aquí aparece la genialidad política del gobernador Jalil, que consiste en demorar el cumplimiento de la sentencia para no pagar el costo de admitir el error estatal.
Aparentemente resulta más cómodo mirar hacia el costado y dejar que el conflicto se pudra antes que reconocer que Catamarca lleva cuarenta años negándole a un ciudadano el derecho a recuperar su propiedad. Los productores rurales que hoy ocupan el campo seguramente votaron al oficialismo y desalojarlos implicaría una factura electoral que este gobierno no está dispuesto a pagar.
Así las cosas, el estado catamarqueño prefiere mantenerse como cómplice silencioso de una usurpación que ya tiene sentencia firme en contra. El humor negro de esta situación radica en que Jalil construye su discurso de gestión sobre la seguridad jurídica mientras sostiene el despojo más grande de la historia provincial. Si no fuera trágico, este contraste podría ser el argumento perfecto para una comedia política.
Conviene aclarar que el gobernador no empuña personalmente la pala para ocupar terrenos ajenos, claro está. Su contribución al saqueo es mucho más sofisticada y consiste en utilizar el aparato burocrático para ralentizar lo que la justicia ordena con urgencia. Los recursos administrativos, las consultas innecesarias a áreas técnicas y el simple olvido estratégico se convierten en herramientas tan eficaces como cualquier topadora.
Mientras tanto, el señor Gutiérrez, que ya peina canas, sigue esperando que algún funcionario tenga la decencia de cumplir la ley. La pregunta que deberían hacerse los catamarqueños es hasta dónde llegará esta solidaridad oficial con quienes ocupan lo ajeno, especialmente cuando el propio mandatario ya dio muestras de tener criterios muy flexibles en la materia.
El caso del acueducto que llevaba agua a su casa privada sin expropiación previa fue apenas un ensayo general para lo que hoy enfrenta la justicia con estas veinticinco mil hectáreas. Allí también hubo metros usurpados, aunque en menor escala, y tampoco entonces se aplicaron multas ni sanciones ejemplares. Parece que en el catamarquismo gobernante la usurpación es mala solamente cuando la comete el vecino de enfrente, pero tratándose del Estado o sus funcionarios pasa a ser una mera cuestión técnica. Esta moral elastizada permite que hoy el gobierno mire con naturalidad que un productor ocupe durante cuatro décadas un campo ajeno mientras el dueño legítimo hace la plancha judicial. En Salta, donde conocemos bien el valor de la tierra productiva, esta liviandad debería sonarnos al menos preocupante.
Lo más irritante del asunto es que nadie en el entorno de Jalil parece dispuesto a asumir que este apoyo tácito a las usurpaciones tiene un límite que ya fue largamente excedido. La justicia ya habló, los papeles están firmados y la única traba es la voluntad política de un gobernador que prioriza su conveniencia electoral sobre el derecho constitucional de propiedad. Si Catamarca se ha convertido en un paraíso para quienes ocupan tierras ajenas no es por casualidad sino por decisión expresa de quienes gobiernan. El mensaje para los inversores y para las provincias vecinas es tan claro como inquietante: allí la ley se cumple siempre y cuando no moleste al poder de turno. Mientras tanto, el propietario despojado sigue esperando que la palabra “desalojo” pase del expediente a la realidad.
En esta catamarca de Raúl Jalil las usurpaciones son la regla y respetar la propiedad privada se convirtió en una excepción que solo se aplica cuando no hay costo político de por medio. El gobernador fomenta este desorden con la pasividad del cómplice que sabe que tarde o temprano el tiempo juega a favor del ocupante. Tal vez por eso su gobierno demora cada trámite, cada orden judicial y cada posibilidad de restaurar la justicia en perjuicio de un ciudadano que cometió el pecado de nacer dueño legítimo. Desde Salta, donde también enfrentamos conflictos de tierras, deberíamos observar este fenómeno con atención y preguntarnos si no estamos ante un síntoma de algo más profundo. Mientras tanto, allá en Catamarca, veinticinco mil hectáreas siguen siendo ajenas aunque el dueño oficial sea otro.
