El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para reforzar el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, en respuesta a la iniciativa del oficialismo que, según denunció, busca reducir los estándares vigentes. “El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, afirmó.
En la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas. La propuesta apunta a consolidar un piso común de protección ambiental que preserve estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce.
Soberanía hídrica y federalismo ambiental
El proyecto reafirma la necesidad de sostener estándares mínimos en todo el país, en línea con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, cuando subrayó el carácter estratégico del recurso hídrico y la obligación de analizar la preservación ambiental de manera sistémica.
Valdés remarcó que, en un Estado federal, la coordinación entre Nación y provincias resulta clave para resguardar el acceso al agua. Según explicó, los glaciares no solo son fundamentales para el consumo humano, sino también para la producción agrícola, la generación de energía, la biodiversidad y el turismo.
Compromisos internacionales y advertencias ambientales
La iniciativa se inscribe además en los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París y retoma alertas de organizaciones como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que vienen advirtiendo sobre los riesgos de flexibilizar la normativa en plena crisis climática.
“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, sostienen los fundamentos del proyecto. La propuesta pone especial énfasis en las poblaciones cordilleranas y en las localidades ubicadas aguas abajo, que podrían ver afectada tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante una eventual expansión extractiva sin controles adecuados.
