El Gobierno resolvió extender por dos años más, hasta junio de 2028, la emergencia pública en materia ferroviaria, en una decisión que combina la urgencia operativa con una definición estratégica de fondo: avanzar en la reorganización del sistema antes de su futura privatización.
La medida fue formalizada a través de la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular del área, Fernando Herrmann, y se inscribe en una hoja de ruta que busca acelerar obras de mantenimiento y recuperación tanto en los servicios de pasajeros del AMBA como en las líneas de cargas bajo jurisdicción nacional.
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que la prórroga permitirá sostener herramientas excepcionales de gestión mientras continúa la reorganización del sistema ferroviario, orientada a su eficientización y futura privatización, en línea con los criterios definidos por el Gobierno. La decisión se adoptó cuatro meses antes de que venciera el plazo original del régimen de emergencia.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos de la resolución se sostuvo que la prórroga constituye una medida «oportuna y razonable», destinada a garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y continuidad institucional para cumplir con el plan de obras en marcha. También se advirtió que postergar la definición hasta una fecha cercana al vencimiento habría generado un escenario de incertidumbre capaz de afectar la estabilidad y la continuidad de las acciones en curso.
El diagnóstico que fundamentó la emergencia original se apoyó en un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que describía un cuadro de deterioro generalizado en infraestructura, material rodante, programación de inversiones, sostenibilidad presupuestaria y niveles de servicio.
Las obras
Entre las acciones destacadas del Gobierno figuran la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación total del sistema de frenado automático en líneas del AMBA. También se informó la compra de tres locomotoras, 43 triplas diésel, repuestos para más de 500 coches eléctricos y la modernización de instalaciones técnicas.
