El Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala deje de cumplir prisión domiciliaria y pase a prisión efectiva. La administración de Javier Milei considera que la dirigente social condenada debe terminar su condena en una unidad carcelaria común y sin beneficios excepcionales.
A través de un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó que reiteró el pedido de cese de la medida dispuesta por la CIDH en 2017. Según precisaron, la exlegisladora jujeña y líder de la organización Túpac Amaru debe “cumplir su condena tras las rejas” y no bajo régimen domiciliario.
El planteo del gobierno de Milei ante la CIDH
El Gobierno nacional sostuvo que Milagro Sala fue condenada por “asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas”, con una pena firme de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. Asimismo, afirmó que “debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes” y remarcaron que la actual domiciliaria funciona en los hechos como un beneficio excepcional sostenido por la intervención internacional.
El comunicado divulgado por la cartera judicial a través de las redes sociales también rechaza las denuncias de la defensa sobre supuesto hostigamiento. Allí se indica que “presentar las medidas de control como hostigamiento busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.
La respuesta oficial sobre controles y prisión domiciliaria
Según la presentación oficial, el Estado argentino aportó documentación sobre la situación actual de Milagro Sala. En este sentido, señaló que ésta “violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial”, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico.
El texto agrega que esas alertas motivaron “medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal” y que esas acciones resultaron cuestionadas por la defensa ante organismos internacionales. En el cierre, el gobierno de Milei sostuvo que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados”. Y remarcó: “Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.
