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POLÍTICA

El Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 y amplió beneficios para inversiones petroleras y gasíferas

 

La decisión amplía el alcance del régimen de incentivo a las grandes inversiones y busca acompañar proyectos que requieren mayores plazos de maduración.

 
Luis Caputo

El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI y amplió las actividades incluidas en el sector de petróleo y gas. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 105/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la decisión. El funcionario señaló que la prórroga busca hacer el régimen “más claro y eficiente” y brindar mayor previsibilidad a las inversiones.

Con la extensión, las empresas podrán adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones hasta el 8 de julio de 2027. El plazo originalmente vencía este año. El Ejecutivo explicó que la decisión apunta a acompañar proyectos de gran escala que requieren tiempos más largos de maduración.

Además, se incorporaron nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso mínimo de inversión de 600 millones de dólares. Según destacó Caputo, ya hay 10 proyectos aprobados por más de 25.000 millones de dólares y otros en evaluación.

Cambios en el sector energético

El decreto incluyó entre las actividades comprendidas la explotación de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. Para los proyectos costa afuera, el monto mínimo de inversión del subsector exploratorio y productivo se alineó en 200 millones de dólares.

Desde el Gobierno señalaron que estos cambios responden al perfil de riesgo y a la intensidad de capital del sector energético. También buscan mantener criterios consistentes con otros sectores estratégicos incluidos en el régimen.

Simplificación de reglas y beneficios fiscales

La normativa también ordena y simplifica la implementación del RIGI. Se actualizaron definiciones para precisar qué proyectos califican y evitar interpretaciones ambiguas. Además, se redefinió el concepto de nuevo producto para contemplar las particularidades del sector tecnológico.

Entre los beneficios se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación y la posibilidad de deducir el IVA desde etapas previas. También se habilitan mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias legales.