El Gobierno nacional, bajo la gestión del Ministerio de Seguridad, puso en funcionamiento oficial el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) con el objetivo de ordenar y fortalecer la vigilancia en los límites del país.
Se trata de un nuevo organismo que permite que las cinco fuerzas federales y la Dirección Nacional de Fronteras compartan un circuito único de información. La medida busca garantizar el control y la legalidad en Argentina para las personas que vienen desde el exterior. Asimismo, desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva advierten que se prohibirá el acceso a quienes pretendan entrar de manera ilegal o tengan antecedentes penales.
El funcionamiento del CAIMF se basa en la integración de protocolos y tecnología de punta para analizar datos migratorios en tiempo real. Al operar bajo una base de datos compartida, las autoridades pueden identificar perfiles de riesgo antes de que crucen la frontera. Esta herramienta moderniza el sistema de seguridad argentino, permitiendo que el Estado deje de ser un espectador pasivo y pase a tener un rol preventivo y estratégico en cada punto de acceso al país.
La advertencia del Ministerio de Seguridad
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que la creación de este centro es una pieza clave dentro de la Política de Seguridad Nacional del gobierno. Durante el anuncio, la funcionaria advirtió que el país ha iniciado un cambio profundo en la forma de entender sus límites geográficos. Según sus palabras, el CAIMF servirá para procesar y difundir información que reduzca los riesgos para todos los habitantes.
Monteoliva fue contundente al definir la nueva visión oficial sobre el control de las personas que ingresan al suelo argentino: “Este centro representa el cambio de paradigma de las políticas migratorias. Las fronteras ya no son líneas administrativas, son sistemas de control”. Con esta frase, la ministra dejó en claro que la vigilancia será estricta y que se utilizará toda la inteligencia disponible para proteger la soberanía nacional.
Pusimos en marcha el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza para ordenar el sistema y fortalecer el control en nuestras fronteras.
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 23, 2026
Migraciones y las Fuerzas Federales operan con información integrada y protocolos comunes para actuar con anticipación y criterio… pic.twitter.com/vkCUuhB847
Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad lanzó una fuerte advertencia sobre los peligros de tener fronteras descuidadas. Aclaró que, si bien la migración legal es respetada, el caos en los registros es una amenaza directa para la paz social. Al respecto, declaró: “La migración no es un delito, pero el desorden migratorio genera severos problemas para la seguridad nacional de nuestros países”.
Controles estrictos también en cárceles
En sintonía con el endurecimiento de los controles, la Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV) respaldó la legalidad de los regímenes especiales para internos de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky revocaron una resolución previa que buscaba flexibilizar la vigilancia sobre los detenidos más peligrosos. Con este fallo, la Justicia confirmó que el Estado tiene el derecho y la obligación de aplicar protocolos de máxima seguridad.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la legalidad de los regímenes de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal y confirmó la vigencia del POE y el SIGPPLAR.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 23, 2026
En las cárceles federales se cumple la ley y las condenas se ejecutan sin privilegios. pic.twitter.com/LasTzW70bB
Esta decisión judicial consolidó la vigencia del Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) y del Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Estas herramientas permiten un control diferencial para presos cuya peligrosidad representa una amenaza concreta contra el orden de las prisiones y la seguridad pública. De esta manera, el Gobierno reafirmó que en las cárceles federales las condenas se cumplen bajo un régimen estricto y ajustado a la ley.
