El Gobierno retiró el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado al Congreso apenas un día antes. Sin embargo, la propuesta para bajar la edad de inimputabilidad en Argentna continuará, porque desde La Libertad Avanza resolvieron mantener el proyecto que tuvo dictamen en mayo del 2025, aunque con algunas modificaciones.
El proyecto que se tratará en el Congreso es aquel que fija la edad de inimputabilidad hasta los 14 años, a diferencia de la propuesta del oficialismo que era desde los 13. Este cambio generó muchas trabas en las negociaciones con los gobernadores y senadores de monobloques que torcieron la decisión del Poder Ejecutivo.
Las modificaciones sobre el proyecto
El proyecto, que crea un nuevo régimen penal juvenil, es en términos generales muy similar al que había obtenido dictamen en mayo del año pasado. La principal diferencia está en que, en esta nueva versión, el Gobierno incorporó la asignación de partidas presupuestarias específicas a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar el financiamiento de la implementación de la ley.
En el esquema anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos y sospechas de que la norma pudiera terminar sin aplicación real. Ahora, el texto prevé más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asegurar recursos concretos para poner en marcha el nuevo sistema.
Reforma Penal Juvenil: qué se mantiene
El dictamen que se retomará conserva la estructura general, con un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito. También buscan establecer medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos.
Además, los menores de entre 14 y 16 años que comentan delitos podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, dependiendo de la gravedad del hecho. Con estas modificaciones, el Gobierno se asegura el respaldo de varios gobernadores que votarían a favor y quedarían más cerca de su aprobación.
